En los últimos años, la violencia digital ha emergido como un problema crítico que afecta a las mujeres a lo largo de todo el mundo. Aunque el término puede sonar novedoso, sus manifestaciones están profundamente arraigadas en la intersección de la tecnología y la discriminación de género que, en ocasiones, traspasa de la realidad al ciberespacio de la manera más nefasta posible: el anonimato.
Detrás de cada mujer con una cuota de poder y liderazgo o, simplemente con ganas de expresarse mediante el uso de redes sociales, existe también un hombre que sin argumentos se empeña en ridiculizar su actuar, denostarla o agredirla. El fin: el disciplinamiento. Un mensaje para otras mujeres. Basta con ver las redes sociales de aquellas mujeres que cumplen un rol público, por ejemplo, ya que en cada uno de sus posteos se encuentran una gran cantidad de comentarios emitidos con total descriterio. “A la cocina”, “gorda”, “feminazi” o “zorra”, son algunos de los epítetos más “suaves” que se pueden encontrar.
Mónica Maureira –quien fue designada por el Gobierno de Chile para ser parte del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará– es una de las mujeres que actualmente trabaja para diseñar una propuesta de ley modelo sobre violencia hacia las mujeres facilitada por las tecnologías de la información y la comunicación. Monica es académica, ha trabajado en medios y tiene una vasta experiencia en perspectiva de género. También es integrante de la Red de Periodistas Feministas (Redperiofem).
En diciembre, dicho comité se reunió en la ciudad de Washington, Estados Unidos, para avanzar con el debate. Allí, además de trabajar en la definición del concepto mismo, se diagnosticó que “no es una forma nueva de violencia, sino más bien un formato en que la tecnología la facilita”, precisa Maureira. En este sentido, explica que la violencia se acrecenta y se pone particularmente cruenta a través de estas plataformas.
Según relata, en la actualidad existe evidencia de que aquellas mujeres que viven violencia doméstica o por parte de sus parejas sexo afectivas, sufren tanto en redes sociales como en la vida misma acciones relacionadas a amenazas, hostigamiento, insinuaciones, entre otros innumerables tormentos que se ven potenciados por el acceso a la tecnología.
Silenciamiento de género
Asimismo, otro grupo altamente vulnerable es aquel que vive las consecuencias de la exposición pública. “Mujeres parlamentarias, gobernantes, periodistas o defensoras de derechos humanos (como aquellas que velan por las tierras o el bienestar de las comunidades en zonas de sacrificio), son quienes sufren más ataques”, revela Maureira como un punto importante dentro de los hallazgos del diagnóstico.
-¿Qué es lo que facilita o permite estos ataques o la violencia digital?
-En el ámbito de lo público, las plataformas tienen un rol facilitador, virulento y reproductor. Esto hace además, que la violencia sea perdurable, persistente y amplificada, por lo que termina siendo extremadamente revictimizante. Las mujeres que definen o que hacen su vida profesional en el ámbito de la política, viven un hostigamiento constante, lo cual ha sido evidenciado por distintas organizaciones, como Amnistía o la Unesco.
¿Cuál es la consecuencia de esa violencia digital?
La consecuencia es el silenciamiento de las mujeres, que es también un primer concepto que tiene que ver con volver a la mujer al que es –entre comillas– su rol tradicional. El patriarcado quiere, a propósito de esta subvaloración que tienen hacia el rol público de las mujeres, es convertirlas hacia el espacio privado, hacia las labores domésticas y reproductivas, hacia lo que se entiende como la división sexual del trabajo donde la mujer es silenciada.
El rostro anónimo de la violencia
Para Maureira, el primer desafío a enfrentar se basa en definir –en todos los sentidos– lo que se entiende por violencia en línea, qué abarca esta misma y qué es lo que se sancionará. En segundo lugar, se debe trabajar para identificar a quienes están detrás de esta violencia debido a que si bien en algunos casos son “bots”, en otros las mujeres conocen claramente quiénes son sus agresores. Un tercer paso es fundamental y tiene que ver con el rol del Estado y de los centros educacionales, quienes deben generar conocimiento e información para desmitificar lo que sucede con la red y con esta idea de que es imposible ganarle al algoritmo: “Este es solo un producto de la sociedad en que estamos instaladas, por lo tanto, el algoritmo es el reflejo de la sociedad tremendamente patriarcal y machista en que nos desenvolvemos. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para darle la vuelta a estos comportamientos. Esto pasa también por promocionar que más mujeres ingresen a aquellos rubros que han sido masculinizados”.
En la actualidad, las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia no cuentan con las herramientas suficientes para obtener justicia. “Lo que se requiere, es que las plataformas sean lo suficientemente transparentes para que las mujeres puedan denunciar lo que viven en ellas sin que dejen de transitar en estos espacios”, es decir, “se necesita conocer quién es el victimario”, dice Maureira. Adicionalmente, se debe tener en consideración que la tecnología cambia todos los días, debido a que lo que se puede sancionar hoy como un delito, quizás mañana evolucione. “Hasta hace un año o dos, no era posible que utilizando la inteligencia artificial pudieran colocar mi cara con otro cuerpo, o simular mi voz. Hoy todo eso es posible, pero mañana será más y eso no se está observando”, alerta la periodista.
Un ejemplo reciente de esta situación, ocurrió en octubre de 2023, cuando un sujeto fue acusado por la Fiscalía de Ciudad de México por fotografiar a sus compañeras del Instituto Politécnico Nacional y modificar sus fotografías con inteligencia artificial para venderlas como material pornográfico. Según detalla el medio El País, en la tableta del acusado fueron encontradas más de 20.000 fotos alteradas sin el consentimiento de las víctimas, las cuales eran difundidas y vendidas a través de grupos privados en Telegram donde se ofertaba el contenido a otros estudiantes.
Pese a las acciones que se puedan tomar en casos como el recién expuesto, el problema de la perdurabilidad del contenido es uno de los más graves al momento de dejar un comentario o cualquier tipo de material multimedia que vulnere a una mujer en las redes sociales. En países europeos se han hecho algunos esfuerzos por atacar este punto; Mónica relata que hay lugares donde las plataformas están obligadas a bajar comentarios que resulten violentos u ofensivos hacia la mujer. Sin embargo, acciones como una captura de pantalla logran derribar estas medidas al producir la llamada “viralización”, donde los actos maliciosos se reproducen sin pudor. “La violencia se almacena y re-publica, incluso en distintas plataformas, creando procesos de revictimización que son eternos”, detalla.
El retroceso de los medios de comunicación
En este punto, los medios tradicionales de comunicación cumplen un rol clave. Según Maureira, los medios aún no logran dimensionar el nivel de impacto que tiene la comunicación digital.
“Todo esto genera una serie de desprolijidades editoriales que refuerzan muchas malas prácticas periodísticas que ya están ancladas en las salas de redacción, como no citar bien las fuentes, no explicitar de dónde proviene una información o abusar del clickbait. Esto último es gravísimo cuando utilizan recursos espectaculares para trabajar noticias políticas o policiales, solo con el fin de generar más tráfico, lo cual es peor cuando se trata sobre temas ligados a los derechos humanos o derechos hacia las mujeres”, comenta la periodista.
Cuando vemos que los medios de comunicación publican, por ejemplo, fotografías de autoridades mujeres para hablar de sus cuerpos por sobre su rol político, dejan de cumplir el rol fiscalizador y se convierten en lo que podría ser un bot más dentro del ciberespacio, ocupados de despolitizar y minimizar la figura femenina en el mundo público.
En la encrucijada entre la tecnología y la discriminación de género, la violencia digital se erige como un desafío ineludible tristemente potenciado por la prensa. Esto es un recordatorio inquietante de que el poder de las palabras, enmascaradas en el anonimato cibernético e ignorado –o más bien jamás cuestionado por los medios de comunicación–, puede convertirse en un arma peligrosa, perpetuando estereotipos, silenciando voces y desafiando el progreso hacia la anhelada igualdad.
Mientras mujeres como Maureira lideran el camino para enfrentar este fenómeno, otras inconscientemente se ocultan, se apartan de las redes sociales, coartan su libertad de expresión y se rinden ante la batalla que trasciende de las pantallas impactando directamente en su bienestar y salud mental.
Para Maureira, la lucha por un ciberespacio seguro y equitativo no solo es un imperativo tecnológico, sino un llamado urgente a reconstruir nuestras interacciones digitales con empatía, respeto y feminismo, silenciando de nuestras mentes lo verdaderamente importante: el temor.
Fue en este contexto, el pasado 6 de marzo, después de siete años de tramitación, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género.
-Esta se denominó una ley integral a propósito de darnos como país, como Estado, una definición de lo que se entiende como violencia hacia mujeres y niñas. Por lo mismo, esta ley debe ser el motor para impulsar cambios significativos como sociedad. (…) Esta línea base nos ajusta a los estándares internacionales y, en este sentido, la ley tiene ese componente de violencia simbólica en su articulado, lo cual de alguna forma también conmina a los medios de comunicación a hacerse cargo de la forma en cómo se reproduce la violencia mediante su contenido, lo que obliga a de alguna manera tener que formar puentes vasos comunicadores con el Estado, con organismos públicos, pero también con la sociedad civil porque aquí hay organizaciones de periodistas feministas, de mujeres feministas que llevan mucho tiempo trabajando estos temas.
Adicionalmente, Maureira destaca que con esta ley, se le da “un ahorro al Consejo Nacional de Televisión respecto a este asunto, lo cual antes no existía. Eso también requiere contar con nuevos recursos especializados, lo cual impactará también directamente en la labor de la educación universitaria para problematizar este tema y politizarlo. Todo esto también se ajusta al trabajo que está haciendo el mecanismo de seguimiento de Belém do Pará, respecto a su declaración más reciente que entrega una definición de la violencia simbólica hacia las mujeres para Latinoamérica y el Caribe, entendiéndola no solo como una violencia etérea, sino como una violencia que es capaz de alimentar otras violencias que son bastante más agudas y problemáticas para la vida de las mujeres”.
-¿Cómo es la realidad chilena en este contexto?
-En Chile tenemos muy poco desarrollada la crítica a los medios. Aquí tenemos pocos medios tradicionales y criticarlos implica quedarse sin trabajo o, peor aún, nunca acceder a un trabajo en estos espacios. Así se genera un círculo vicioso, pero debemos saber que en otros lados, en otros países, la crítica de medios es una asignatura dentro de las escuelas de periodismo. En muchas ocasiones si tú cuestionas un titular, son los mismos colegas quienes te castigan y ‘cancelan’, en lugar de tener una cultura de feedback.
