En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Prensa y a 50 años del Golpe Cívico Militar en Chile y frente a una crisis de los medios de comunicación en el país -develada por el nivel de concentración en su propiedad y la precariedad que ofrecen a sus trabajadores y trabajadoras- es preciso hacer y hacernos una pregunta ¿Cuánto avanzamos para aumentar las garantías de libertad de prensa?
Las periodistas y comunicadoras feministas han participado, a través de sus organizaciones, en las distintas acciones que han impulsado los gobiernos democráticos de nuestro país, para analizar el estado de las comunicaciones en Chile. Esta observación ha dado cuenta de las desigualdades y el impacto diferenciado que afecta a mujeres y hombres en el ejercicio de su trabajo diario.
El Sistema Internacional de Derechos Humanos ha entregado recomendaciones a los estados sobre el hostigamiento que viven periodistas en las salas de redacción, sobre la desigualdad salarial, el acoso y en el peor de los escenarios el abuso al que hemos asistido en entornos laborales, pero también por agentes del Estado en momentos de crisis del que nuestro país no ha estado exento. Las violaciones a los derechos humanos y a la libertad de prensa que se realizan contra mujeres periodistas tienen profundas consecuencias sobre nuestras vidas y cuerpos.
En Chile, los casos más conocidos, ocurrieron durante la revuelta social de 2019, sin embargo, las vulneraciones en el espacio público laboral datan desde hace mucho más tiempo, donde siempre ha existido un silencio cómplice, parte de la violencia estructural: desde los medios de comunicación, el entorno laboral y la falta de sanciones.
Dañar la voz de las periodistas y comunicadoras es una afectación a una democracia saludable. Así lo dio a conocer en 2020 la ex Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonović, quien elaboró un informe sobre la violencia contra las periodistas. En su reporte, la ex Relatora, propone partir de las normas vigentes en materia de derechos humanos, un enfoque integral para abordar los problemas específicos a los que se enfrentan las periodistas, así como sus causas, y formular recomendaciones a los estados y otros interesados sobre la forma de afrontar este problema.
Pero cabe allí también preguntarse ¿Cuánto permean estas recomendaciones a los estados? Claro está que no es la única exposición de hostigamiento a la que nos vemos enfrentadas. La violencia política en línea (o digital) -de la que tambien son víctimas las personas disidentes-, nos quiere fuera del ecosistema digital y nuestra voz pública impacta la libertad de expresión. Así también lo revela un informe de 2022 de ONU Mujeres el que arroja que en los últimos cinco años la violencia de género en línea creció exponencialmente y los modos en que se manifiesta se multiplicaron.
Organismos internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos vienen publicando trabajos sobre su dimensión y consecuencias y se han centrado en particular en las mujeres con voz pública: periodistas, defensoras de los derechos humanos, activistas y políticas.
Un proyecto de ley que aborda este tema fue el impulsado por la diputada Nathalie Castillo, este busca resguardar a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, con especial atención en mujeres y disidencias sexuales, sobre la violencia y el acoso en el espacio offline. El proyecto de ley establece “que subsiste la obligación de actuar con debida diligencia a partir de las disposiciones existentes en materia de los derechos de las mujeres y disidencias sexuales aplicando aquellas que aseguren su derecho a una vida libre de violencia, así como de brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas”.
Desde la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas valoramos una iniciativa que va en línea con los estándares internacionales de derechos humanos y que es un avance importante en materia de la prensa protegida.
Aun así seguimos al debe, mientras en el Congreso Nacional no avance el proyecto de ley que busca resguardar la violencia digital. El propio informe de ONU Mujeres sostiene que las mujeres con voz pública son el objetivo particular de una violencia de género en línea sistemática.
Esperamos que estas recomendaciones sean recogidas por el Estado y, en especial, por el Presidente Gabriel Boric, quien en su programa de gobierno comprometió medidas para avanzar en políticas para democratizar las comunicaciones.
Para avanzar en libertad de expresión y de prensa es urgente amplificar las voces de los territorios, abordar el problema de censura previa que existe en muchas periodistas, quienes cansadas del acoso digital y de la precarización laboral, dejan de trabajar en el periodismo. Por eso, no es posible hablar del fortalecimiento de la democracia cuando aún existe una Constitución Política que no garantiza el Derecho a la Comunicación.
Hasta ahora, la torta sigue estando mal repartida. La sociedad civil ha hecho una gran labor articuladora de propuestas y demandas. Es momento de superar el diagnóstico y avanzar en medidas concretas para mejorar la vida de quienes se desarrollan en el mundo de las comunicaciones.
Hagamos nuestro el slogan “Más amplitud, más voces, más democracia”, como una oportunidad de que Chile avance a los estándares internacionales en derecho humanos. El periodismo y las comunicaciones se lo merecen, mientras no cambie el ecosistema de medios y avancemos hacia una educación mediática con enfoque de género, interseccional y de derechos humanos.
