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Las negligencias del Servicio Nacional de la Mujer en el caso del juez Barría

Luego del reportaje publicado por este medio con los testimonios de tres víctimas del juez Luis Barría Alarcón, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) se contactó con La Otra Diaria para entregar su respuesta en donde aseguran que apoyaron a las denunciantes. Sin embargo, dicha versión fue desmentida por Katherine Villagra, abogada de las tres trabajadoras del Tribunal. Así también lo confirma Margarita Becerra, una de las afectadas y quien interpuso una querella criminal en contra del juez por el delito de abusos sexuales reiterados. Además existe una serie de correos electrónicos que revelan como SernamEG quitó su apoyo a la causa penal, entre otras irregularidades durante el proceso.

El pasado jueves 8 de julio tres víctimas del juez del caso Caval conversaron con este medio para contar sus historias y la violencia sexual que sufrieron en el Juzgado de Garantía de Rancagua. Paulina Órdenes, Margarita Becerra y Bannía Guzman, por primera vez decidieron revelar sus identidades como una forma de mostrar el descontento que sienten ante el reciente nombramiento de Luis Barría como relator de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Es un hecho que ellas consideran revictimizante y les dio el valor de hablar.

En la entrevista las tres funcionarias contaron que habían sido víctimas -y vieron directamente- tocaciones, encerronas y actos de abuso sexual, además de palabras y expresiones de acoso sexual por parte de Barría. Además agregaron que son víctimas de hostigamiento hasta la actualidad, agresiones que incluyen situaciones de mobbing como represalia por haber denunciado al magistrado 

-Realmente estamos aburridas de que nadie haga nada. Es contradictorio que funcionarias del Poder Judicial no tengan justicia. Para mí en lo personal ha sido muy difícil seguir trabajando en un lugar donde no nos apoyan, donde hablan mal de mí y más encima en la misma jurisdicción del juez, en donde lo protegen. En otros casos de funcionarios que acosaron a trabajadoras los trasladan de región o hay cese de sus funciones, pero acá no. Realmente es una burla-, comentó Paulina, quien es funcionaria de actas en el tribunal y vivió una situación de abuso por parte del juez en el año 2006.

-Fue en el 2006, cuando llevaba un año trabajando en el tribunal, él me tocó el trasero afuera de una sala. A cada mujer que llegaba yo le contaba lo que me había pasado para protegerlas, les decía que tuvieran cuidado, por eso en el tribunal decían que estaba loca, que era conflictiva, que estaba enferma. Nadie me creía, me hicieron mala fama, entonces eso me impidió pedir ayuda. Mi caso fue sobreseído por el tiempo transcurrido, incluso el hecho fue acreditado. Mi caso es el único donde hay una testigo que vio como él me puso la mano en el trasero. Me quitaron la posibilidad de justicia ¿Cómo luchó contra el prestigio de un superior? Estamos hablando de un abuso sexual-, agregó en la entrevista anterior.

La víctimas han sido muy críticas por el poco apoyo recibido especialmente desde dos instituciones: la Corte Suprema y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) .

En noviembre del 2020, Margarita Becerra y Bannia Gúzman presentaron una querella criminal en contra de Luis Barría Alarcón por el delito de abusos sexuales reiterados.

-Recién ahora desde el Departamento de Género de la Corte Suprema nos brindaron ayuda psicológica, pero nada más. Nadie se ha acercado, ni del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se han pronunciado. La ministra nada. Estamos solas-, agrega Paulina.

El cuestionado rol del SernamEG en el caso

Una semana después de publicado el reportaje, el SernamEG se contactó con La Otra Diaria para entregar su versión con respecto a la intervención que hicieron en el caso de Luis Barría, y de qué modo habrían apoyado a las denunciantes.

“Desde que se tomó conocimiento de estas denuncias, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género puso a disposición toda su red de apoyo profesional a las mujeres afectadas. Hubo un constante seguimiento desde que tomó contacto con ellas. A través de la red de profesionales de la región de O’Higgins, se orientó sobre el apoyo psicosociojurídico que dispone nuestra institución, así como del trabajo intersectorial con otras instituciones del Estado para asegurar una intervención lo más integral posible en el proceso de sanación y justicia reparatoria”, se lee en el documento enviado a este medio el jueves 29 de julio.

Sin embargo Margarita Becerra comentó que desde el SernamEG se contactaron con ellas solo después de un reportaje exhibido en Teletrece el pasado 10 de noviembre del 2020, pese a que el caso se dio a conocer dos meses antes. Recuerda que Lissette Salgado, abogada del Servicio de O’Higgins, la llamó para conocer algunos antecedentes de los hechos.

Katherine Villagra, abogada de las tres denunciantes, coincide en que esta ayuda fue insuficiente puesto que no recibieron apoyo psicológico o contención desde el SernamEG, pese a ser víctimas de violencia sexual y que además fueron revictimizadas por seguir trabajando en la misma jurisdicción que su agresor. Además las funcionarias presentaban cuadros de ansiedad.

-La ayuda recibida se concretó en solicitudes de copias de la carpeta investigativa en el SIAU (Sistema de atención e información a usuarios) del Ministerio Público-, afirma Margarita, quien trabajó en el tribunal entre los años 2017 y 2019, para luego pedir su traslado al Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua debido al acoso.

Otro situación que causó molestia, incluida en la misma respuesta de la institución, es un párrafo donde aseguran que fue decisión de las denunciantes buscar ayuda con abogados particulares, situación que las denunciantes niegan.

“(SernamEG) respeta la autonomía de las mujeres y su decisión sobre cómo y dónde recibir apoyo frente a una situación de violencia y vulneración de derechos. En ese sentido, entendemos que las mujeres denunciantes decidieron tomar representación judicial particular en la presentación de la querella contra el imputado”, dice el documento.

Villagra desmiente la versión del SernamEG con respecto al apoyo judicial, sostiene que aquello no es efectivo y que le consta que las denunciantes solicitaron en reiteradas ocasiones ayuda judicial al servicio.  Confirma también que la intervención desde SernamEG fue mínima y que cuando se les solicitó presentar una querella se negaron explicando que “así eran las políticas del servicio”.

“En cuanto al Sernameg me consta que las víctimas buscaron de manera reiterada su ayuda, incluso participé en reuniones para obtener su apoyo porque no podía representarles en sede penal por cuestiones contractuales con la Defensoría Penal. Se les imploró que las representaran, puesto que con el apoyo de SernamEG, que es el servicio encargado de dar apoyo a las víctimas, se encontrarían mejor representados sus intereses, sobre todo por ser una causa relevante en cuanto queda patente la violencia de género. Lastimosamente desde SernamEG respondieron que no presentarían querella y tampoco concurrieron a la audiencia de cautela de garantías que se solicitó para que se les permitiese acceder a las copias”, explica la abogada.

Además a  Margarita le contestaron que sin formalización, por regla general, no se adelantan en presentar querella.

Toda esta situación queda en evidencia en un correo electrónico al que tuvo acceso este medio, enviado por Margarita Becerra a Lissete Salgado y Silvia Váldes, ambas abogadas del SernamEG O’Higgins, solicitando que mantuvieran su apoyo judicial en el caso.

“En razón a lo informado por Silvia el pasado viernes 12 de marzo del presente año, esto por el hecho de contar con una querella judicializada, ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, no es posible por lineamiento del SernamEG el seguir juntas en calidad de víctimas con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (…) Nos da una impotencia tremenda saber que debido a que la ANEJUD (Asociación Nacional de Empleados Judiciales) nos haya querido apoyar como gremio por el hecho de ser funcionarias asociadas, el SernamEG  retire su apoyo, representación judicial e intención de hacerse parte en causa penal que aún no se judicializa (…) De favor Lissette le solicitamos reconsideración de la decisión de no apoyarnos en causa penal en la cual ya tienen acreditación ante el sistema del Ministerio Público”, se lee en el correo enviado el lunes 15 de marzo del 2021.

Otras negligencias quedaron al descubierto el 11 de marzo cuando se realizó una audiencia de cautela de garantías con el propósito de que el Ministerio Público le entregara a Margarita Becerra y Bannia Guzmán las copias de la carpeta investigativa, con los antecedentes del caso, fijándose como fecha límite de entrega el 17 de marzo (instancia en la que el SernamEG no se hizo partícipe).

Un correo electrónico de la Fiscalía revela que las copias fueron entregadas a la defensa de Barría Alarcón el 18 de marzo, mientras que las denunciantes recibieron los antecedentes un mes después que el imputado.

Actualmente, Luis Barría continúa ejerciendo funciones como relator de la Corte de Apelaciones de Rancagua, mientras que sus víctimas siguen trabajando en la misma jurisdicción de la sexta región.

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Escrito por

Periodista de la Universidad Alberto Hurtado especializada en temas de Derechos Humanos.

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