El 25 de diciembre, “I” una joven que se encontraba en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) San Miguel, dio a luz en un pasillo oscuro junto a los contendores de desechos. El personal de turno de ese día hizo caso omiso a sus gritos y advertencias de que su hija estaba por nacer. Al borde de perder la conciencia, tuvo a su guagua sin ningún tipo de asistencia. Por eso, además de la violencia obstétrica de la que fue víctima, el INDH catalogó el incidente como tortura. El recinto ya contaba con otras denuncias similares. Esta es su historia
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30/01/2023
No puede balbucear una palabra sin llorar. A veces en medio del relato tiene crisis de pánico. No olvida la escena: el dolor es insoportable, su guagua “corona”, unas compañeras la asisten y le bajan el pantalón del buzo para que pueda dar a luz. Cerca de ella, camino al patio de cargas y estacionamiento, el hedor de “la jaula” impregna el pasillo. Nadie debería tener un hijo así. Ella lo sabe, sus compañeras lo saben y es lo que repite: “No quiero tener a mi guagua así”.
La historia de “I” apareció en todos los portales de noticias, el primero en informar fue la radio Biobío tras que aparecieran los primeros antecedentes recabados por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT). La semana pasada el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella por el delito torturas ante el Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Pese a las distintas advertencias y peticiones de “I”, al menos dos funcionarias decidieron no dar importancia a la situación, la paramédico no contaba con los conocimientos necesarios y tampoco había un vehículo para el traslado.
Los hechos comenzaron el miércoles 21 de diciembre en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel. Ese día ya se encontraba en la semana número cuarenta. Fue atendida en la enfermería y pidió el traslado al módulo dos a la sección de cuna. Ya estaba próxima a iniciar el trabajo de parto, pero fue devuelta a su módulo. Esa noche no durmió por los dolores.
El día sábado 24 las contracciones se hicieron insoportables y fue asistida por otras internas.
-¡No la trasladaremos si no está perdiendo líquido o sangre!-, fue la respuesta que recibió en la misma enfermería.
Durante toda esa noche, hasta la madrugada del 25 de diciembre, los dolores se intensificaron. “I” ya no podía dormir ni caminar. A las cinco de la mañana –según su testimonio- las contracciones se volvieron de nuevo intolerables. Una hora después- cuando se da el agua caliente- se metió a la ducha para bañarse, lo que la calmó un poco. Las contracciones volvieron. “I” le repetía a sus compañeras que no quería que su hija naciera de esa forma. En la cárcel.
A las siete de la mañana recién aparecieron algunas funcionarias de Gendarmería, sus compañeras de módulo pidieron, por segunda vez, que se diera aviso a enfermería y que fuera trasladada de inmediato porque su hija ya iba a nacer.
Nuevamente le denegaron el traslado desde enfermería y le contestaron que solo a partir de las ocho y media podía ser enviada al lugar, después de que se hiciera el conteo de internas.
La violencia obstétrica
La definición de violencia obstétrica dice que esta es toda situación de tratamiento irrespetuoso, abusivo, negligente, o de denegación de tratamiento durante el embarazo y la etapa previa, y durante el parto o posparto, en centros de salud públicos o privados.
El caso de “I” inevitablemente remite al de Lorenza Cayuhan, mujer mapuche que en el 2016 fue obligada a parir engrillada en presencia de funcionarios de gendarmería. Su historia dio pie a la tramitación de la Ley Sayén, que busca permitir mejores condiciones para la maternidad de mujeres privadas de libertad. La propuesta pretende modificar el código procesal penal para que las mujeres embarazadas o con hijos menores de tres años puedan acceder a beneficios.
Beatriz Contreras, jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que encabeza la querella, dice que los hechos ocurridos aquella noche del sábado 24 y domingo 25 de diciembre se enmarcan bajo este tipo de violencia, porque no se consideró el grave estado de salud de la “I”, su condición de mujer en trabajo de parto y que, además, no tenía la capacidad ni la autonomía para tomar decisiones por sí misma ya que estaba bajo la custodia del Estado.
“Justamente el día en que nosotros interpusimos la querella que ingresamos al 11 Juzgado de Garantía de Santiago, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó un fallo sobre Argentina respecto de la violencia obstétrica. Esta es una forma de violencia contra la mujer e incluso constitutiva de acto de tortura que se ha venido desarrollando por los organismos de Derechos Humanos y, según los estándares de diversos organismos, los hechos que ocurrieron a la víctima de este caso configuran, a todas vistas, un caso de violencia obstétrica”, comenta la abogada.
La legislación chilena no está ajena en su deber de evitar este tipo de violencia, según dice Contreras. Primero, se encuentra el tratado de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, o CEDAW en sus siglas en inglés, que Chile ratificó en 1989. En el ámbito interamericano, también está la Convención Belem Do Para que busca evitar la violencia contra la mujer y que fue ratificada por Chile en 1996, según aparece en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN).
“También están los instrumentos como la convención contra la tortura y marcos específicos que se aplican a las mujeres. Este es un caso que debe tener un enfoque diferente a otros porque es una mujer y está privada de libertad bajo la custodia del Estado“, relata la abogada del INDH.
La falta de acceso a la salud en los centros penitenciarios es un diagnóstico que Contreras comparte. Sin embargo, también existen carencias específicas en el caso de las mujeres privadas de libertad que hacen necesario incorporar una perspectiva de género en Gendarmería.
“En el ámbito de las mujeres privadas de libertad, hemos encontrado deficiencias estructurales en los lugares donde están las internas materno infantil. Han habido avances, pero sobre todo si hablamos de mujeres embarazadas o con niños en lactancia, es necesario incluir un enfoque de derechos humanos y de derechos de las mujeres“, agrega la abogada.
Beatriz Contreras, jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Las horas tormentosas que sufrió recogidas en la querella del INDH-a la que este medio tuvo acceso-, no son azarosas. Así lo cree también Alejandrina Tobar, directora ejecutiva de Leasur, ONG que trabaja por la promoción y defensa de los derechos de las personas privadas de libertad en Chile.
“Desde hace un tiempo se ha visto que una gran cantidad de personas están quedando en prisión preventiva debido al alto uso de esta por los juzgados de garantía, por lo que la unidad materno infantil en el CPF de San Miguel se encuentra siempre llena y las mujeres que llegan embarazadas son ubicadas en módulos con internas comunes, sin el resguardo que Gendarmería supone que debe entregarles a quienes se encuentran en condiciones de especial consideración”, comenta la abogada de Leasur.
Según relata Tobar, esto no es novedad ni para las organizaciones de la sociedad civil ni para Gendarmería misma, ya que en julio de 2022 la unidad de derechos humanos de esa institución abordó la falta de plazas para mujeres embarazadas o con hijos. “En caso de haber hecho caso a esa advertencia, o de haber utilizado mejor los espacios, por ejemplo, trasladándola a la unidad materno infantil del CPF de San Joaquín, esto se podría haber evitado”, dice Tobar.
Tampoco es la primera vez que ocurre una tragedia en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel relacionadas con urgencias médicas. En enero se cumplió un año de la muerte de Mylene Cartes, imputada de 50 años de la Torre 5, debido a una falta de atención oportuna ante los fuertes dolores estomacales que sentía y que manifestó al personal de Gendarmería. Además en el 2020 a la joven puertorriqueña Lisbeth Mart se le negó la atención en cuatro oportunidades en medio de las contracciones, incluso se rompió la bolsa de gestación-, antes de ser trasladada al Hospital Barros Luco.
En el caso de Cartes, los hechos provocaron una investigación del funcionamiento del área de la salud en la cárcel, ante lo cual el 11 de febrero del mismo año la Corte de Apeleciones de San Miguel decidió pronunciarse al respecto en contra de Gendarmería y determinó que esta institución “vulnera gravemente la seguridad individual de las internas” y les ordenó disponer de la presencia de un médico de atención permanente en la unidad penal y un ginecólogo una vez a la semana, así también como que se revisen y actualicen los protocolos de salud conforme a los parámetros internacionales de derechos humanos.
“Coincidentemente después de casi un año nos encontramos con este caso que evidencia que falta personal médico capacitado para las internas. Entonces el abuso de la prisión preventiva y que no se haya fiscalizado la decisión de la Corte nos lleva a que ocurren hechos como el de diciembre. También hay responsabilidad de parte de Gendarmería de no aplicar los protocolos específicos que existen para estos casos y también de no actualizarlos y especificarlos para las necesidades que se tienen en esos contextos”, comenta la directora ejecutiva de Leasur.
No es la primera vez que Tobar conoce un caso de violencia obstétrica como el ocurrido en San Miguel. “Hemos recopilado denuncias desde el 2009 en las cuales se evidencia una vulneración permanente y constante a los derechos de las mujeres en condiciones gestacionales, en las maternidades y también en los niños y niñas que nacen en estos recintos. Existen casos de abortos que se producen debido a faltas médicas”, indica la abogada.
Gritos, negación de acceso a los controles para las mujeres embarazadas, obligarlas a bañarse con agua fría, son algunos de los malos tratos que Leasur ha recopilado a partir de relatos de internas de la cárcel de San Joaquín.
En Chile, a su juicio, desde el inicio del actual sistema carcelario los protocolos no fueron pensados con perspectiva de género. “Se pensaba que la mujer no delinque, la mujer es madre, se queda en casa, no se porta mal, al contrario del hombre. Las cárceles se construyeron para ellos y cuando comenzó a generarse delincuencia femenina se tendió a replicar el sistema que había para los hombres. Solo hay dos recintos exclusivamente para mujeres y están en la Región Metropolitana”, plantea Tobar.
En la actualidad, la población carcelaria alcanza unas 42.000 personas (Gendarmería de Chile, 2019), de las cuales cerca de un 8% son mujeres, y cada año este número crece ya sea por la calidad de condenadas como aquellas que cumplen una cautelar, en especial debido al impacto de la Ley 20.000 (que define los delitos y las penas vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes).
“Desde una estructura general no se consideró a las mujeres como sujetas a posibles delitos, que tengan que estar en cárceles, tanto en lo arquitectónico como también en los reglamentos específicos”, concluye.
No dejen que mi hija nazca aquí
“I” pasó toda la madrugada del domingo 25 de diciembre con dolor, pero pensó que la situación podría cambiar cuando llegara la cabo encargada del turno de día. Fue llevada a enfermería con la ayuda de otras internas, pero en el trayecto desde modulo dos hasta enfermería hay dos escaleras. A esas alturas ya arrastraba los pies y no podía caminar. Sentía que se iba a desmayar.
La paramédico le ordenó que se sentara y la autorizó a ir al baño. “I” sintió una de las contracciones más fuertes y cayó sobre el inodoro. La misma mujer le ordenó que se pusiera de pie y que volviera a enfermería. Siguieron los dolores y las contracciones
-No creo que tengas tanto dolor, tu presión está normal-, le dijo.
Otra paramédico ingresó y le preguntó a “I” cuántas semanas de gestación tenía, al enterarse de su situación pidió la salida al Hospital para que se realizara el parto. Sin embargo, cuando se firmó la salida, la paramédico del turno cambió la instrucción y ordenó que trasladaran a “I” hasta una celda de tránsito del primer piso conocida como “la “jaula”, junto a los contenedores y shaft de basura.
Ahí vino lo peor, el lugar estaba sucio y oscuro.
-¡No sé en qué posición ponerme! ¡Mi hija va a nacer! ¡Ayúdenme, tengo ganas de pujar!-, gritaba.
La cabo que recién había llegado, decidió acompañarla y hacer contención emocional. También llegó la teniente encargada de la unidad penal y le dijo que estaban esperando un móvil externo para su traslado, y que si no llegaba, la llevarían en su auto particular.
Como los gritos de “I” eran tan fuertes, aparecieron otras funcionarias de Gendarmería. Recuerda que una de ellas gritó: “¡Dónde está la paramédico!”.
-¡No dejen que mi hija nazca aquí!-, les rogó “I”.
Ya comenzaba a asomarse la cabeza de la recién nacida. Pidieron una silla de ruedas. “I” apretó fuerte los fierros y pensó que se desmayaría y que su hija caería al piso. Avanzaron por el pasillo contiguo a la sala de contención, hacia la sala de comida o “rancho”. Camino al estacionamiento, aparecieron una interna y una funcionaria, quienes la desvistieron y recibieron a su hija. Todas comenzaron a llamar a la paramédico para que cortara el cordón umbilical. La mujer decidió no hacerlo y el trayecto al hospital duró diez minutos.
Las enfermeras de urgencia le sacaron el buzo y las zapatillas a “I”, le cortaron el cordón umbilical y ordenaron que su hija fuera trasladada a primeras atenciones.
“I” estuvo en el Hospital hasta el día martes 27 de diciembre. Una de las cosas que mas recalca en su relato es el dolor de tener a su hija sin el uso de anestesia y recibirla en un lugar sucio. “Tuve que parir frente a mucha gente”, es una de las frases que repite.
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Comité para la Prevención de la Tortura (CPT): “Hay una responsabilidad institucional”
El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) también fue parte de la denuncia de este hecho tras recibir los antecedentes el 13 de enero por parte de la familia de “I”. El equipo, encabezado por el experto del área penitenciaria Luis Vial, visitó la cárcel.
“Una mujer embarazada, privada de libertad y con embarazo de término es sujeto de especial protección, va in crescendo en vulnerabilidad y en los cuidados especiales que debería tener. No hay un protocolo ajustado para eso: no debería haber estado en un módulo externo, porque hay una sección materno infantil y donde hay que priorizar a las mujeres embarazadas(…) No se consideró todas las alertas, lo que revela que el protocolo no está bien pensado desde la óptica de la salud y en particular, desde la óptica obstétrica y perspectiva de género”, dijo Vial en entrevista con La Otra diaria.
“Lo que nos dijo la experta en salud de la comisión, es que si bien no era una embarazo de riesgo, era un embarazo de término, ya había tenido contracciones y había botado el tapón mucoso. Tenían que estar preparados para llevarla al hospital cuando empezara el trabajo de parto. Hay solo matronas de lunes a viernes en horario diurno y la paramédico que estaba ahí no tenía formación en salud obstétrica. Tampoco había coordinación con los servicios a los cuales había que ir. Había un convenio con una empresa de móviles, pero está bien para un traslado para las mujeres o hijos, para controles, pero no para una urgencia”, agrega.
El profesional relata que las entrevistas que hicieron, no solo revelan negligencia, sino también la falta de sensibilidad del personal paramédico. “Hay una responsabilidad institucional, por qué se contrata una paramédico que no tiene conocimientos de salud obstétrica, quien está justamente o fines de semana. Ella había trabajado en cárceles de varones. No tenemos conocimiento, por cómo manejó el procedimiento, que haya sabido de salud adecuada a la situación”.
ViaI explica que “I” esta emocionalmente muy afectada y revictimizada. Su estado es de mucha ansiedad y ha tenido crisis de pánico cuando narra lo que vivió. Respecto a este hecho menciona que el Estado está al debe y que existen otros actores responsables además de Gendarmería. “No hay que perder de vista que toda persona privada de libertad genera también otras obligaciones. Ahí aparecen otros actores como los servicios de salud y el Ministerio de salud. Los sistemas penitenciarios han sido pensados por hombres y para hombres y en ese sentido se invisibiliza a las mujeres”, concluye.
Ficha técnica: CPF San Miguel
