Durante la mañana del sábado 4 de septiembre, la Asociación de Magistradas y Magistrados publicó un comunicado con la versión de su vicepresidenta, Verónica Vymazal, como respuesta a la denuncia realizada por este medio dos días antes. En el documento desmienten lo dicho por el padre de la niña, Francisco Burgos, argumentando que nunca estuvo en Sename. Sin embargo, este medio tuvo acceso a una serie de documentos que acreditan la historia de Burgos y la participación de la jueza Vymazal en cada una de las diligencias que llevaron a su hija “V” al sistema residencial, donde durante más de siete meses fue torturada y sufrió diversas vulneraciones.
……….
Es el lunes seis de septiembre, han pasado cuatro días desde que en nuestro medio se dio a conocer la denuncia en contra de la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Verónica Vymazal. En la costanera de Valdivia está Francisco Burgos (54) y dice que intenta sobrellevar las reacciones y cuestionamientos sobre la historia que aún considera una “pesadilla”. Ha dormido poco. Trabajó hasta la madrugada revisando su computador para no olvidar ningún detalle del caso que lo persigue a él y a su hija hace más de una década.
-Nos hemos sentido revictimizados porque pese a las pruebas, la jueza sigue negando la historia-, dice.
Ya es de noche, el cansancio es notorio y su voz lo evidencia. Cita el documento que envió a Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos, el 22 de septiembre del año pasado; con la intención de denunciar a la jueza Verónica Vymazal, por la desaparición de las pruebas de las torturas a su hija de cinco años en un hogar colaborador del Servicio Nacional de Menores (Sename) donde fue enviada entre 2007 y 2008.
-No sé cómo explicar este dolor. La jueza Vymazal le destruyó la infancia a mi hija. Voy agotar todas las instancias que sean necesarias. No voy a descansar. Ya llevó 14 años luchando por justicia, y si es necesario luchar otros 14 años más, lo haré-, dice Francisco.
Nuevamente pide que el nombre de su hija sea resguardado. Actualmente la joven tiene 19 años, pero aún carga con las secuelas emocionales de haber pasado por un hogar colaborador de Sename: llanto, insomnio y cuadros de ansiedad, sobre todo cuando ve noticias o mencionan situaciones relacionadas con las residencias.
Tal y como relata el primer reportaje de nuestro medio, según la denuncia de Francisco todo comenzó la tarde del 7 de noviembre del año 2007 cuando se encontraba tomando once junto a ”V”, su hija de cinco años, en Osorno. De pronto, sintió un fuerte golpe y abrieron la puerta de su casa. Una mujer junto a dos carabineros tomaron a la niña en brazos, salieron de la vivienda sin mostrar ningún documento y se fueron con rumbo desconocido. Francisco recuerda que quedó paralizado observando la mesa donde reposaban dos tazas y unos panes a medio comer.
Le costó asimilar la violencia con que ocurrió todo, le habían arrebatado a su hija frente a sus ojos. Lo primero que hizo fue acudir a la Primera Comisaría de la ciudad donde le informaron que desconocían el procedimiento policial que describió, desesperado y entre gritos. Por la noche visitó otras comisarías, incluso el cuartel de la Policía de Investigaciones.
En la mañana se dirigió al Juzgado de Familia de Osorno en búsqueda de información, pero no obtuvo respuesta. Durante cuatro días no supo del paradero de su hija. La madrugada siguiente recibió una llamada desde Valdivia, informando que la niña se encontraba en un Hogar colaborador del Sename de esa ciudad.
Francisco asistió nuevamente al Juzgado de Familia de su Osorno en compañía de un abogado y confirmó la noticia: “V” se encontraba bajo una medida de protección por orden de la jueza de familia Verónica Vymazal Bascopé en el Hogar Villa Huidif de Valdivia, presuntamente por una agresión sexual del padre.
Esta acusación fue descartada cinco meses después por el Servicio Médico Legal, el 4 de abril del 2008, y el propio testimonio de la víctima, en un documento al que este medio tuvo acceso.
Luego Francisco, según su relato, habría conocido a distintas familias de zonas rurales y de escasos recursos, que también denunciaban como sus hijos fueron llevados de forma anómala a centros del Sename. Los padres de esos niñas y niños le dieron acceso a sus informes sociales y sicológicos, que habían sido elaborados por las mismos peritos de la OCA “Verbo Divino” solicitando medidas de protección.
Informe sexológico enviado a Verónica Vymazal
Durante los siete meses y medio que la niña estuvo bajo la medida de protección residencial en una hogar y hogares de acogida de Villa Huidif -por decisión de Verónica Vymazal-, habría sufrido golpes, torturas por parte de la cuidadora y fue víctima de abuso sexual por parte de una compañera mayor, como lo relató su padre en la denuncia.
Burgos asistió todos los días al Juzgado de Familia. En el lugar las consejeras técnicas le solicitaban completar los formularios que supuestamente serían revisados por la jueza Vymazal. Dice que pidió audiencias con la magistrada, pero las citas nunca ocurrieron.
-Me amenazaron en varias oportunidades con entregar a mi hija en adopción (…) Las consejeras técnicas que me amenazaron son Alicia Balmaceda, Jovita Cárdenas y Andrea Huerta-, denuncia.
Cuando Francisco visitaba a “V” se percató que la niña estaba golpeada, desabrigada y en muy mal estado, por lo que la fotografió y grabó su voz con su celular Blackberry. Sin embargo, los audios y fotos que les entregó a las consejeras técnicas, y los formularios que llenó en el mesón del Juzgado, desaparecieron.
Nuestro medio también accedió a una fotografía dónde se observa el rostro de las niña golpeado, prueba que decidimos no publicar.
Finalmente, el 15 de mayo del 2008 la Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió revocar la medida usada para enviar a “V” a Sename, ya que no había razón que justificara la orden de protección a cargo de la jueza Vymazal. El cuidado personal de la niña fue entregado nuevamente a su padre.
El 12 de noviembre del 2014, Francisco presentó una denuncia por lo ocurrido en contra de Vymazal y sus consejeras técnicas ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, dirigida al ministro Darío Carretta, adjuntando documentos del caso. Meses después le informaron que tanto la denuncia como los documentos y antecedentes habían desaparecido. Lo mismo sucedió con la carpeta digital que habría desaparecido del sistema informático del Poder Judicial y lo que estaba impreso en papel.
Denuncia en la Corte de Apelaciones de Valdivia
La medida de protección de “V” para enviarla a Sename se fundamentó en dos informes de un Organismo Colaborador (OCA) llamado “Verbo Divino, DAM Entre Ríos”. Francisco descubrió que el informe de su hija presentaba muchas similitudes con los documentos entregados a otras familias, con hijos que también se encontraban bajo medida de protección residencial en el Sename.
Por esta razón decidió presentar una denuncia, en marzo del 2010, ante la Fiscalía de Osorno por ‘prevaricación judicial’ en contra de las peritos Vania Saavedra, psicóloga y Evelyn Reyes, asistente social de “Verbo Divino, DAM Entre Ríos”.
-En marzo del 2010 interpuse una denuncia por prevaricación judicial en el Fiscalía Local de Osorno, y en el 2013 en la Fiscalía de Valdivia por el maltrato y abuso sexual que sufrió mi hija. La denuncia en la Corte sí fue recepcionada, ya que fue timbrada el 13 de noviembre del 2014, pero desapareció ¿Quién me explica dónde quedó esa denuncia y los documentos?-, se pregunta molesto.
Francisco guardo copias de varios de los documentos que desaparecieron en el Poder judicial, y que hoy sirven para respaldar su denuncia.
La participación acreditada de la jueza
Verónica Vymazal Bascopé ingresó como jueza titular del Juzgado de Familia de Osorno el 16 de agosto del 2005 y desarrolló gran parte de su carrera profesional en este recinto judicial. Por su gestión, ha sido citada en diversos medios de comunicación y ha hecho presentaciones en el Congreso con temas como pensiones alimenticias. En el año 2020 fue presidenta regional Valdivia-Osorno de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas (ANMM) y a finales del 2020 asumió como vicepresidenta nacional de la misma organización, cargo que desempeñará hasta el año 2022.
Vymazal también participa en reuniones intersectoriales para dar celeridad a las adopciones de niños, niñas y adolescentes en la región, según informó el diario El Calbucano.
Luego de que este medio diera a conocer en un primer reportaje la denuncia de Francisco Burgos, como respuesta, y a través de su cuenta oficial de Twitter, la ANMM publicó un comunicado con la versión de la vicepresidenta el sábado 4 de septiembre .
“La niña cuyo caso motivó el reportaje nunca estuvo ingresada en un centro residencial (…) diversas medidas de protección entre 2007 y 2012, iniciadas tras una denuncia que motivó la intervención de dicho tribunal, correspondiéndome a mí las decisiones adoptadas durante 2007 y 2008, en que tras recoger la opinión técnica, evaluaciones y diagnósticos de un extenso listado de profesionales e instituciones, se entregó el cuidado de la niña a colocaciones familiares de la Red Sename, en atención a las graves vulneraciones que se acreditaron”, se lee en la declaración pública firmada por Verónica Vymazal Bascopé.
Sin embargo, en los documentos a los tuvo acceso este medio, se encuentra la planilla de acta de audiencia del 22 de noviembre del 2007, donde se indica que la magistrada es Vymazal, y que comparecieron en la audiencia Vania Saavedra, Evelyn Reyes y Francisco Burgos. En la instancia se determinó que las medidas cautelares de la causa serían de tipo residenciales, lo que también es confirmado por el testimonio de “V” ante la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de Valdivia de la PDI del 7 de febrero del 2019.
Planilla de acta de audiencia 22 de noviembre del 2007
“Ahora tengo mucha más claridad de lo que pasó y por qué llegué a Villa Huidif (…) entre los años 2007 y 2008, estuve en dos casas porque de la Villa Huidif (en donde estuve 5 días) me enviaron a dos casas de acogida, en la primera casa me trataron bien (…) y en la otra casa , lo pasé mal, estaba a cargo de la señora Sonia, allá está señora me hacía dormir en el patio de la casa, a veces me daba comida, pero cuando me hacía pipí no me daba de comer. A veces no me bañaban y otra niña de 14 años que estaba en la casa de acogida, que también era de la Villa Huidif, me bañaba, se preocupaba por mí. Había otra niña que tenía 6 años”, se lee en el documento, en donde también confiesa que su padre jamás la vulneró, y que en el hogar también fue visitada por su abuela paterna. Además relata el episodio de abusos sexuales.
Declaración de “V” en el año 2014
Francisco explica que todas las casas que se mencionan en esta declaración estaban relacionadas con Villa Huidif y que los niños y niñas era nuevamente llevados al lugar durante las visitas de los padres.
En su declaración ante la PDI, de noviembre del 2013, Francisco Burgos confirma que su hija fue abusada sexualmente por otra compañera, y que le contaba que la “tía Sonia” le pegaba mucho, encerrándola en una pieza con llave sin comer y que tenía que hacer sus necesidades en el suelo. Seis años después ratificó su declaración y afirmó que la causa por el maltrato y abuso a “V” fue archivada en el 2015.
Además agrega que Sonia Baldovino (72), habría sido funcionaria del Sename durante diez años.
El 10 de septiembre de 2010, el Cesfam Dr. Pedro Jauregui de Osorno certificó que “V” recibió atención y tratamiento psicológico, debido a que “fue víctima de vulneración de derechos por diversas instituciones vinculadas al Estado producto de injusta acusación de abuso sexual de la que fueron víctimas ella y su padre”.
Certificado de Salud Cesfam Osorno
Con respecto a los diagnósticos mencionados por la magistrada Verónica Vymazal en su comunicado como respuesta al reportaje, un informe del SIP de Carabineros de Osorno de julio del 2010, concluyó que tanto Vania Saavedra como Evelyn Reyes (funcionarias de DAM Entre Ríos), actuaron de forma negligente al realizar diagnósticos carentes de credibilidad y objetividad.
Las profesionales coincidieron en sus conclusiones y sugerencias en diferentes informes, usando el mismo tipo de ideas y palabras, lo que da cuenta que no fueron realizados de forma personal.
Informe SIP de Carabineros
Verónica Vymazal asegura que las graves vulneraciones se acreditaron, pero la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia del 15 de mayo del 2008, resuelve “que por las consideraciones antes expuestas y no existiendo inhabilidad alguna que afecta al apelante para tener el cuidado personal de su hija y por no estar acreditados los hechos materia de la denuncia o solicitud del DAM Entre Ríos de Osorno habrá de modificarse la sentencia a fin de restituir aquella al seno de su hogar en que vivía junto a su padre”.
El cuidado personal de su hija le fue restituido a Francisco en mayo del 2008. Él y la abuela de la niña han cuidado de ella desde entonces, pero aún deben lidiar con las secuelas de los siete meses y medio que pasó por Sename.
En la denuncia que presentó Francisco ante la Corte de Apelaciones de Valdivia en el 2014, y a la que este medio también tuvo acceso, afirma explícitamente que las funcionarias involucradas en el caso de su hija son: Alicia Balmaceda, Jovita Cárdenas, Andrea Huerta y Verónica Vymazal. También indica que el juez de Familia de Osorno, Marcelo Leiva, realizaba constantes seguimientos, siendo interrogados tanto él como “V”, vecinos y personal del colegio, lo que perjudicaba el rendimiento escolar de la niña y la estabilidad laboral del padre.
El 1 de agosto de 2018 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de la Región de los Ríos le informó a Nicole Gardaix, directora regional subrogante de Sename, sobre la denuncia de Francisco Burgos, y como su hija había sido derivada al Programa de Acogida de Villa Huidif sufriendo, durante los siete meses y medio de internación, múltiples episodios de maltrato. El programa tenía características residenciales, e incluso la niña y el padre se refieren a ella como “la casa del hogar”.
Orden INDH a Dirección Regional Sename Los Ríos
También, tal y cómo fue mencionado en el primer reportaje, el pasado cinco de noviembre el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, envió un oficio a Jorge Abbott en donde afirma que existe una investigación administrativa en contra de las consejeras técnicas Alicia Balmaceda, Jovita Cárdenas y Andrea Huerta- y en contra de la jueza del Juzgado de Familia de Osorno, Verónica Vymazal (Oficio FR N: 1 / 2). Se busca esclarecer la desaparición de evidencias y documentos originales, además de la carpeta digital del caso y copias digitales de escritos firmados y timbrados durante los años 2007 y 2008 en el Juzgado de Familia de Osorno, junto con audios y fotografías explícitas que daban cuenta de las golpizas a “V” en el Sename. Será investigado por la fiscal jefe de Valdivia, Tatiana Esquivel.
Al finalizar la conversación vuelve a ordenar los papeles que, según él, “cuida como hueso santo”.
-La jueza Vymazal falta a la verdad, tengo los documentos, están los testimonios. Y lo que es más grave es que la Asociación de Magistradas y Magistrados y la Corte de Apelaciones de Valdivia la están protegiendo. No hay justicia para los pobres ni para las niñas y niños. Seguiré denunciando a la jueza las veces que sea necesario hasta que haya justicia-, dice Francisco antes de despedirse.
……….
