El 7 de noviembre del 2007 a Francisco Burgos le arrebataron su hija de cinco años desde su casa. La niña fue enviada a Villa Huidif, un hogar colaborador de Sename en Valdivia, por orden de la jueza del Juzgado de Familia de Osorno, Verónica Vymazal, quién además negó las visitas de su padre a la residencia. Allí la pequeña habría sido torturada y abusada. Cuando la Corte de Apelaciones de la ciudad revocó la decisión de la magistrada, Burgos descubrió que todas las pruebas del caso habían desaparecido. Este medio tuvo acceso a los documentos y a un oficio de la Fiscalía de los Ríos que confirma la existencia de una investigación en contra de Vymazal, actual vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile (ANMM), por desaparición de evidencias.
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Es la tarde del lunes 30 de agosto y en el centro de Valdivia Francisco Burgos estaciona su auto y enciende las luces de emergencia para contestar el celular con tranquilidad. Es la primera vez que contará una historia que lo atormenta a él y a su hija. Han pasado 14 años del episodio que el considera “una pesadilla”, responde con un tono de voz suave que a ratos se silencia por la emoción.
Revisa con paciencia los documentos del caso para recordar cada detalle. Entre carpetas con papeles archivados encuentra la denuncia que envió a Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos, el 22 de septiembre del año pasado. Así comienza a rememorar uno de los episodios más dolorosos de su vida. Dice que hoy se atreve a denunciar para acabar con la impunidad que rodea el caso de su hija y a la figura de la actual vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y Magistradas, Verónica Vymazal, quien está en el cargo desde el 2020.
-Me parece una vergüenza para el Poder Judicial que Vymazal sea la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y Magistradas. Es una burla para las familias y sobre todo los niños víctimas de su mala gestión. Ella es una persona pública y verla en los medios es revictimizante para nosotros. Mi hija era una niña feliz, con muchos amigos en el jardín infantil, tenía apenas cinco años, a ella le destruyeron su infancia-, relata.
Pide que el nombre de su hija sea resguardado. Actualmente la joven tiene 19 años, pero aún carga con las secuelas emocionales de haber pasado por un hogar colaborador del Servicio Nacional de Menores (Sename).
“El día 7 de Noviembre del año 2007 siendo cerca de las 18 horas, me encontraba tomando once y compartiendo junto a mi pequeña hija cuando de pronto empujaron la puerta de mi casa y sin una explicación, entró a mi casa una señora que no se identificó, y junto a Carabineros tomaron a mi hija de los brazos, no me mostraron ningún documento, la tiraron dentro de un vehículo y partieron con rumbo desconocido”, se lee como parte del testimonio del padre en la denuncia.
En aquel año, Francisco trabajaba como asesor de negocios Pymes en Movistar, vivía solo con su hija, por lo que durante su horario laboral, la pequeña asistía a un jardín infantil. En la crianza lo ayudaba la abuela de la niña.
Minutos después de la desaparición de “V” desde su hogar en Osorno, Francisco sintió desesperación. Le costó asimilar la violencia con que ocurrió todo, le habían arrebatado a su hija frente a sus ojos sin ninguna justificación. Concurrió a la Primera Comisaría de la ciudad en donde le informaron que desconocían el procedimiento policial que describió desesperado. Por la noche visitó otras comisarías de la ciudad, incluso el cuartel de la Policía de Investigaciones. Nadie sabía nada.
A la mañana siguiente se dirigió al Juzgado de Familia de Osorno en búsqueda de información, pero recibió la misma respuesta. Durante cuatro días no supo del paradero de su hija. La madrugada siguiente recibió una llamada desde Valdivia, informando que la niña se encontraba en un Hogar colaborador de Sename de la Región de los Ríos.
Dice que no lo podía creer, no entendía el porqué de esa decisión, y reitera en que como padre jamás cometió algo que pudiera considerarse una negligencia parental. Asistió nuevamente al Juzgado de Familia de su ciudad en compañía de un abogado, esta vez le confirmaron la noticia: Su hija se encontraba bajo una medida de protección por orden de la jueza de familia Verónica Vymazal Bascopé en el Hogar Huidif de Valdivia, presuntamente por una agresión sexual del padre.
Esta acusación fue descartada cinco meses después por el Servicio Medico Legal, el 04 de abril del 2008.
“El tiempo que mi pequeña hija permaneció en el Sename bajo la responsabilidad de la juez Verónica Vymazal Bascope, fue brutalmente torturada, diariamente le negaron la comida y pasaba hambre, era mechoneada con fuerza, la golpearon todos los días con cachetadas y empujones, le quitaron su ropita y sus zapatos, la insultaban, se burlaban de ella, se llenó de piojos blancos, le machetearon su pelito, era castigada y la encerraban en una pieza bajo llave sin comida ni agua desde la mañana hasta la noche. En en ese lugar debía hacer sus necesidades en el piso y limpiar su excremento con sus manos para no ser golpeada. Posteriormente en la noche la hacían dormir desnuda en un patio a la intemperie dentro de un saco de papas de nylon sobre la tierra”, afirma en su denuncia Francisco Burgos.
También asegura que en el lugar la pequeña habría sido abusada sexualmente por una niña mayor que ella.
Desde que le arrebataron su hija Francisco fue todos los días al Juzgado de Familia para pedir ayuda, las consejeras técnicas del recinto le solicitaban completar formularios, los que supuestamente serían revisados por la jueza Vymazal. La respuesta que recibía era que “la jueza estaba en conocimiento de la situación, pero ocupada, que tomaría medidas y que no se preocupara”. Le sugerían regresar la semana siguiente, pero la ayuda nunca llegó. En reiteradas ocasiones solicitó audiencias con la magistrada, pero las citas nunca se concretaron. Debido a la insistencia del padre, Vymazal resolvió prohibir sus visitas al hogar, puesto que las consejeras técnicas informaron que ‘reclamaba mucho’.
-Me amenazaron en varias oportunidades con entregar a mi hija en adopción, diciendo que si yo seguía dando problemas no volvería a saber nada de ella (…) Las consejeras técnicas que me amenazaron, que siempre estuvieron en conocimiento de todos los hechos y no hicieron nada por mi hija, son Alicia Balmaceda, Jovita Cárdenas y Andrea Huerta-, denuncia.
Luego de la prohibición de visitar a su hija, quien ya llevaba cinco meses en el hogar Huidif, Francisco viajaba a Valdivia a visitarla los días viernes en la tarde por media hora, en donde veía a “V” en muy mal estado , siempre asustada y desabrigada. Le decía que pasaba frío y que no le daban de comer. En ese momento tomó la decisión de fotografiar y grabar la voz de la niña con un celular Blackberry.
Algunas de las fotografías a las que accedimos muestran la boca de la niña completamente hinchada producto de un golpe.
“Los audios con el relato de mi hija y muchas fotos, se los entregue a las consejeras técnicas pero estos nunca aparecieron en la copia de la causa. Lo mismo sucedió con los formularios que llené en el mesón del Juzgado”, se lee en su denuncia.
Tras pasar seis meses encerrada en el hogar Huidif, el 15 de mayo del 2008 la Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió revocar la medida, ya que no había razón que justificara la orden de protección a cargo de la jueza Vymazal. El cuidado personal de la niña fue entregado nuevamente a su padre.
Francisco Burgos consultó y relató los hechos ocurridos durante la internación de la pequeña al ministro visitador del Juzgado de Familia de Osorno, Darío Carreta y presentó una denuncia en la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Pasaron los meses y al no obtener una respuesta acudió a la corte para conocer los avances de la investigación. Allí le informaron que la carpeta que contenía los documentos, los antecedentes aportados y todos los informes recibidos, habían desaparecido del lugar. Lo mismo sucedió con la carpeta digital que habría desaparecido del sistema informático del Poder Judicial.
Francisco pidió revisar junto a un funcionario el computador del mesón de la Corte y verificó que efectivamente no había ninguna carpeta. Pidió copia de la investigación, pero tampoco tenían antecedentes para entregar porque había desaparecido todo, incluso lo que estaba impreso en papel.
“Un día, mientras esperaba ser atendido en el mesón de la Corte, se acercó una señora muy elegante que se identificó como funcionaria de la Corte de Valdivia. Me dijo en voz baja que quería conversar conmigo, me preguntó si era yo quien había denunciado a la jueza de familia Verónica Vymazal, le respondí que así era, entonces me dijo que ´Yo había cometido un grave error´, entonces me dijo que la carpeta con la investigación no iba a aparecer, subió el tono de la voz y me pidió que no volviera más a la Corte y me dijo: ´Además le informo que el ministro Carreta mandó a decir que no lo va a recibir¨-, detalla en la denuncia.
Una segunda inquietud también lo mantenía nervioso: La medida de protección de “V” se fundamentó en dos informes de un Organismo Colaborador del Sename (OCA) llamado “Verbo Divino, DAM Entre Ríos”. Un DAM es una modalidad de ‘Diagnóstico Ambulatorio’ donde se evalúa y realizan peritajes a niños, niñas y adolescentes que podrían estar sufriendo una vulneración de sus derechos. Luego presentan un informe al juez de Familia y pueden sugerir que un menor sea derivado a un programa de protección.
Durante sus idas al Juzgado de Familia de Osorno, Francisco conoció a diversas familias de sectores rurales y de escasos recursos, que también denunciaban como sus hijos fueron llevados de forma anómala a centros del Sename. Todos tenían el mismo patrón: las causas eran tramitadas por la jueza Verónica Vymazal. Los padres de esos niñas y niños le dieron acceso a sus informes sociales y sicológicos, que habían sido elaborados por las mismos peritos de la OCA “Verbo Divino” solicitando medidas de protección. En todos los casos usaban argumentos idénticos, solo cambiaban nombres y las direcciones, pero la carne de cañón siempre es la misma: las familias humildes de la zona.
Por esta razón Francisco Burgos decidió presentar una denuncia, en junio del 2010, ante el Fiscalía de Osorno por ‘Prevaricación judicial’ en contra de las peritos Vania Saavedra, psicóloga y Evelyn Reyes, asistente social.
“Vania Saavedra, psicóloga perito del DAM Entre Ríos, producto a la falta de experiencia actuó de forma negligente, para cumplir un diagnóstico psicológico en forma adecuada, carente de credibilidad y objetividad (…) En tanto Evelyn Reyes, asistente social, perito del DAM Entre Ríos, también actuó en forma negligente, en atención a que dio falsos testimonios (…) En los diagnósticos que realizaron estas dos profesionales coinciden en sus conclusiones y sugerencias el mismo tipo de ideas y palabras, presumiendo que tanto el diagnóstico como el informe no fueron realizados de forma personal”, concluyó el SIP de Carabineros de Osorno el 7 de julio del 2010.
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Verónica Vymazal Bascopé ingresó como juez titular del Juzgado de Familia de Osorno el 16 de agosto del 2005 y desarrolló gran parte de su carrera profesional en el recinto judicial. Por su gestión ha participado en diversos medios de comunicación y ha presentado apreciaciones ante el Congreso, especialmente ante el Senado. En el año 2020 fue presidenta regional Valdivia-Osorno de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas.
Finalmente, a finales del 2020 asumió como vicepresidenta de la misma organización, cargo que desempeñará hasta el año 2022.
Diez años transcurrieron desde la presentación de la denuncia en el Ministerio Público de Osorno, sin obtener resultados, y Verónica Vymazal terminó elegida Vicepresidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial.
Esta situación derivó en que Francisco decidiera escalar la denuncia y enviar los antecedentes por correspondencia a Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos, el 22 de septiembre del año pasado. Se determinó que desde el Ministerio de Justicia se traspasara el caso al fiscal nacional Jorge Abbott, con la intención de investigar y sancionar a los Consejeros Técnicos involucrados, individualizar la responsabilidad de los funcionarios de la Corte de Apelaciones de Valdivia implicados y tramitar la remoción de la jueza de Familia Verónica Vymazal Bascopé.
“En específico, de la lectura de la solicitud, y no siendo la Subsecretaría de Derechos Humanos competente para investigar hechos que podrían ser constitutivos de delitos (…) derivamos la solicitud y los antecedentes remitidos por el solicitante para que el Ministerio Público se pronuncie en lo que estime pertinente”, se lee en la derivación a la Fiscalía Nacional del 28 de octubre del 2020.
Una semana después, el pasado cinco de noviembre, el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, envió un oficio a Jorge Abbott para informarle las decisiones con respecto al caso. Afirmó que existe una investigación administrativa en contra de las consejeras técnicas Alicia Balmaceda, Jovita Cárdenas y Andrea Huerta- y en contra de la jueza del Juzgado de Familia de Osorno, Verónica Vymazal, por desaparecer evidencias y documentos originales, además de la carpeta digital del caso y copias digitales de escritos firmados y timbrados durante los años 2007 y 2008 en el Juzgado de Familia de Osorno, junto con audios y fotografías explícitas que daban cuenta de las golpizas a “V” en el Sename, que será investigado por la fiscal jefe de Valdivia, Tatiana Esquivel.
A pesar del oficio, Burgos confiesa que es inevitable sentir temor, puesto que el fiscal Abbott fue cuestionado por la investigación de la Fiscalía Nacional en los abusos sexuales en la Iglesia. Sin embargo, agradeció que se haya oficiado su caso, aunque con la aprehensión de que todo quede en nada.
-Me siento muy mal al revivir todo esto, por el abuso, siento mucha impotencia por la negligencia de todos los jueces de Familia. Fui acusado sin ninguna prueba, me quitaron mi hija con informes falsos. Perdieron fotos, documentos, audios, solicitudes que entregué. A los fiscales que investigan mi caso les quiero decir que la jueza Vymazal y todos sus cómplices deben ser formalizados y expulsados del Poder Judicial, porque son un peligro para cualquier niño. Le pido a la jueza Vymazal respetuosamente que le pida disculpas a mi hija, por todo el daño que le hicieron. La pregunta que queda en el aire es ¿A quién quiso proteger la magistrada? -, dice Francisco al terminar la entrevista. Se oye emocionado.
