El origen de las paradas militares en nuestro país se remonta a finales del siglo XIX con la llegada de instructores alemanes. No obstante, ya el 19 de septiembre de 1810 se había celebrado una primera ceremonia con ocasión de la proclamación del acta de instalación de la Junta de Gobierno. Así ocurrió hasta que en 1915, se declaró como feriado legal el 19 de septiembre en honor a “Las Glorias del Ejército” y que ha ido variando en tanto se han incorporado al Ejército nuevas unidades, armamentos y blindajes. Detrás de esta conmemoración hay una tradición histórica de patriotismo.
Sin embargo, las últimas décadas han plegado estas “glorias” de vergüenza. A todo lo ocurrido durante la Dictadura Cívico Militar, se suman casos de corrupción y basta ver que los últimos 3 generales en jefe se encuentran procesados por delitos de malversación y lavado de activos, abusando principalmente de los gastos reservados. Esos que son cubiertos con recursos que dejan de destinarse a nuestras otras necesidades.
Pero adicionalmente, otros abusos que tal vez han sido menos mediáticos, aunque no por ello menos importantes. Se trata de hechos de violencia sexual tanto dentro de regimientos como fuera de ellos, perpetrados por militares en servicio. Según los datos que la institución entregó a un medio de comunicación en los últimos cuatro años, del 2018 al 2021, se registraron 215 denuncias de acoso sexual, de las cuales 15 fueron sancionadas “al observarse faltas flagrantes”.
En el documento además explicaron que de las restantes, ocho fueron desestimadas y en 192 casos hubo sumarios y que hasta la fecha habría 90 casos resueltos, con 58 sanciones administrativas, tras acreditarse “alguna conducta de riesgo, lo que demuestra que es falso que este tipo de conducta sea habitual y que se proteja a los autores”.
Por mi experiencia litigante ante agentes de estas instituciones denunciados por violencia sexual, puedo mencionar que no es fácil seguir investigaciones contra efectivos del Ejército. La institución se niega a entregar información (como si se tratara de un particular) o facilitar testimonios que permitan esclarecer los hechos investigados. Probablemente por contar con asesoría letrada, la institución busca no permitir la acreditación de un hecho que podría dar lugar a una responsabilidad estatal. Por eso, no es extraño que esa misma asesoría letrada asuma la defensa de a quienes se imputan delitos.
Además de que la idea de una guerra parece bastante lejana, en este siglo la gloria del Ejército no debiera provenir de ese tipo de hazañas o sus viejos recuerdos. Por el contrario, lo verdaderamente glorioso sería comenzar a actuar como la sociedad demanda cumplir: con honestidad, transparencia, compromiso de no repetición, protección y resguardo, colaboración, empatía hacia las víctimas, entre otras. Por ello, los esfuerzos deberían dirigirse a medidas concretas, como la entrega voluntaria de antecedentes sustancias e información de utilidad, medidas cautelares en favor de las víctimas, procesos disciplinarios debidos, tramitados por personas idóneas, debida protección a denunciantes, etc.
Necesariamente esto debe acompañarse con el establecimiento de medidas y herramientas adecuadas para la prevención de delitos en su interior y no solo los delitos económicos. La violencia de género, sexual y política existe al interior de la institución, afecta a quienes tienen inferior rango (de acuerdo a su propia jerarquía) y daña su imagen, contribuyendo a acrecentar la desconfianza a la institución.
¿Cómo se fortalece este proceso? Como en toda organización, fortaleciendo el sistema de denuncias y disciplina al interior. Por regla general quienes realizan denuncias al interior de las instituciones terminan tratados de manera marginal e incluso expulsados. Eso no puede seguir ocurriendo con las víctimas que se atreven a denunciar y que, antes, enfrentan la disyuntiva entre denunciar su derecho conculcado o bien, mantenerse dentro de las instituciones. Lo mismo ha ocurrido con quienes denuncian abusos de otra naturaleza, en particular quienes denuncian corrupción. Ambas situaciones son inadmisibles y requieren atención con urgencias.
¿Queremos “glorias” para el Ejército? Claro que sí, pero aquellas que impliquen un compromiso estricto con la protección de los Derechos Humanos y la lucha contra la corrupción.
