El día viernes 9 de abril, en horas de la mañana, mientras revisaba las redes sociales, me enteré del suicidio de Francisca Moll y de los antecedentes del caso que entregó su madre. “Francisca no se suicidó; a Francisca la mataron”, eso fue lo que pensé. No la mató sólo el hombre que ejercía violencia psicológica, física y sexual en su contra; la mató el Ministerio Público, el Poder Judicial, nuestra legislación actual en materia de violencia contra la mujer; la mató el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), la falta de educación sexual integral en nuestro país.
A Francisca la mató el sistema.
Ella denunció a su ex pareja en el año 2019, por el delito de lesiones menos graves, pero el Ministerio Público archivó la causa, probablemente por falta de antecedentes para desarrollar actividades que permitieran esclarecer los hechos denunciados. Este era el mínimo esfuerzo que debía hacer el fiscal a cargo, o el abogado asistente de turno, para citar a la víctima y testigos de oída a declarar. Finalmente lo que hubo fue una nula disposición por parte del persecutor para financiar pericias psicológicas y así acreditar el daño.
Producto de la violencia fue desarrollando enfermedades, se dice que epilepsia e incluso convulsiones debido al estrés que le generaba vivir dichas agresiones.
De manera posterior, una nueva denuncia gatilló que se solicitaran medidas cautelares en favor de Francisca, pero ella desistió de continuar con el procedimiento, tras recibir nuevas amenazas por parte de su agresor. “Si no sacas la denuncia, le haré daño a tú familia”, fue probablemente el chantaje, pero queda una pregunta en el aire: ¿Hasta qué punto para el sistema es válido respetar la autonomía de la mujer para desistir de un procedimiento como aquel, cuando evidentemente se puede presumir que, detrás de esa decisión hay una presión, una amenaza de causar un mal mayor? ¿Dónde queda considerar que este tipo de delitos es de acción penal pública?
En el mes de enero Francisca decidió denunciar nuevamente. Su madre relató a los medios que al hombre solo le impusieron el pago de una multa, probablemente, el delito denunciado ya no calificaba como violencia intrafamiliar según el artículo 5 de la ley 20.066.
Por eso terminó en un procedimiento monitorio, donde el valor de la vida de Francisca fue de 1 UTM. Tres meses después, ella decidió terminar con su vida.
Los colegas “leguleyos” comentan que lo hay que hacer es remitirse a la legislación actual, y que es eso lo que hacen los tribunales – a alguien por “solo” amenazar, provocar un par de lesiones no le pueden “dar cárcel”. Sólo velan por el debido proceso, y por hacer honor al “Sin defensa, no hay justicia”.
Johanna Olivares, directora del Servicio Nacional de La Mujer y Equidad de Género, comentó a un medio de comunicación respecto de la muerte de Francisca: “Nos duele el desenlace de este caso. Queremos hacer un llamado a todas las mujeres que viven violencia, acercarse a las diferentes instituciones que le pueden brindar un apoyo. Podemos y estamos disponibles para acompañarlas en este proceso”.
Yo le pregunto a Olivares, ¿Qué ha hecho el Servicio para instar a los legisladores a establecer leyes que permitan sancionar definitivamente la inducción al suicidio? O bien, ¿De qué forma el Servicio proporciona real apoyo y acompañamiento a las víctimas de violencia? ¿Se refiere al call center 1455 donde el personal a cargo tiene nulo conocimiento del procedimiento a seguir? ¿O se refiere a la derivación a centros de la mujer de cada comuna, que no dependen directamente de ellos, sino que también de cómo accionan sus ejecutores (Municipalidades y Gobernaciones)? (Lugares donde hay precarización laboral a los mismos trabajadores de dichos centros, y donde por lo demás hay listas de esperas de dos meses en muchos de estos dispositivos para ingresar a una mujer víctima de violencia).
Trabajé en dichos centros y puedo decir que si estos logran en algunas oportunidades salvar vidas, es sólo gracias a la vocación de los profesionales.
Estuve cinco años en los Centros de la Mujer, dependientes del Sernameg. Comencé ejerciendo mis funciones muy contenta y llena de expectativas. Sin embargo, con el paso del tiempo, me enojé, me entristecí, me frustré y me cansé.
Conociendo toda la intervención psicológica y social que se realiza en estos casos, y más aún el tratamiento en los procesos judiciales en materia de violencia contra la mujer, me pregunto lo mismo que se pregunta cualquier mujer víctima de violencia: ¿Para qué denunciar?
A Francisca Moll la mató un sistema donde la educación en materia de violencia de género es nula, donde el modelo de atención comunitaria en salud mental presenta nudos críticos, es un fracaso, un sistema que solo demuestra que seguiremos lamentando más mujeres dañadas, más femicidios y probablemente más inducciones al suicidio. Parte de una justicia que está encarnada por hombre o mujeres patriarcales.
A Francisca también la mató la desidia y la justicia patriarcal.
