Ha pasado casi una década, largos y complejos años y aún no olvido ese día del juicio a los asesinos de Daniel: Su familia escuchando cada detalle escabroso del horrible ataque y las personas sacudidas por el nivel de violencia con que había ocurrido todo. Estuve ahí porque en ese tiempo era parte de una ONG que defiende derechos de personas de la comunidad LGTBIQ+, y pude estar presente el día de la sentencia, día en que muchos lloramos juntos y vimos (o ¿creímos?) que las cosas cambiarían.
Llevaba años siendo voluntaria en diferentes grupos humanos, estaba a cargo de un nuevo proyecto que se transformó en un hito en los espacios municipales y ese- el asesinato más cruel de los últimos tiempos- era el triste punto de inflexión que podía o más bien debía hacer una diferencia.
A partir de la muerte de Daniel, nació la Ley 20.609 que establece medidas en contra de la discriminación, y era el momento de hacer la diferencia, de demostrar al mundo conservador, al que guía los “valores” nacionales, que era hora de que se acabaran las burlas, los rechazos, la crueldad pura y simple que dañaba a tantos seres humanos.
¿Se iba acabar realmente? El asesinato de Daniel marcó una gran diferencia en la visibilización pero lamentablemente no terminó con la inequidad y desigualdad, de oportunidades y derechos, de una de las comunidades más postergadas.
Como creadora y Encargada del Departamento de Diversidad y No Discriminación de Providencia por algunos años (y que incluía migración, pueblos originarios, LGTBIQ+ y otros grupos de especial protección), vi la distancia abismal que había en una ley que establecía medidas de supuesta no discriminación, que se leía hermoso en un papel –no así en la ejecución- finalmente ponía infranqueables trabas a la persona discriminada, y no garantizaba nada.
Los Municipios y gobiernos territoriales empezaron a hacer su trabajo y operacionalizaron cada una de las cosas que la ley debía garantizar, aun hasta hoy, con distintos enfoques y estilos tratan de hacerlo, simplemente con voluntad, dado que no hay argumento legal real que obligue a trabajar en estas materias. Si el o la alcalde de turno no desea poner énfasis en el tema de discriminación a las disidencias, simplemente no pasa nada. De hecho, quienes estamos en este trabajo (remunerado o voluntario) hemos visto morir personas en el más absoluto abandono, asesinatos de jóvenes trans, crímenes lesbofóbicos, casi con más alevosía que antes y que han sido nombrados solo en las líneas de una crónica roja.
Entonces la pregunta queda en el aire: ¿Valió la pena el sacrificio de Daniel y su familia, quienes hasta hoy extrañan a su hijo y hermano? Pues no, jamás una vida, un asesinato valdrá como sacrificio de nada. La marca que dejó esta tragedia es la enseñanza. La muerte de Daniel permitió desmitificar a la comunidad LGTBIQ+ y evidenció las diferencias que existen entre los derechos de “esas personas” y los “otros”, quienes se pueden casar libremente, amar libremente y mostrar sin miedo quienes son, cómo sienten y qué sienten.
Hoy la comunidad LGTBIQ+ no está dispuesta a seguir siendo marginada, está apoyando la modificación de la misma Ley Antidiscriminación, pero además otras tantas que no solo deben reconocer a cada una de las personas, identidades, orientaciones y vidas, sino que deben validar su ser, garantizar sus derechos y permitirles desarrollar sus vidas, sus familia con hijes. Es decir, vivir en paz y que nunca más ocurra lo que pasó con Daniel. Y por eso también está prohibido olvidar su muerte, el 27 de marzo del 2012.
