El aborto en Chile ha sido históricamente un tema controversial a lo largo del siglo XX y principios del XXI, lo que ha generado una extendida discusión y debate que transversalmente cruza la política y la esfera pública, involucrando por igual a sectores progresistas y conservadores. Sin embargo, este debate se remonta a las primeras décadas del siglo XX, en especial en los años veinte, cuando se inició el camino que culminó en la legalización del aborto terapéutico en 1931. Hasta esa fecha era considerado un delito y las mujeres de la época arriesgaban sus vidas en embarazos inviables o en abortos informales y clandestinos.
Posterior a eso, en los años 60, se comenzó una importante política pública en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, cuya implementación tendría por finalidad difundir el uso de anticonceptivos y la reducción de las restricciones al aborto, limitándolas solo a casos donde dos cirujanos especialistas de la salud consideraran llevar a cabo esta práctica (según el código sanitario de 1931, se requerían tres médicos para aprobar un aborto, o un facultativo y dos testigos).
Esta legislación, a pesar de sus restricciones, permitía y promovía la prevención del embarazo no deseado y posibilitaba la práctica del aborto bajo consejo médico. La Dictadura Militar desde los inicios de su gobierno intentó restringir el aborto. En la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución o Comisión Ortúzar, se intentó prohibir el aborto en la Constitución de 1980, pero la comisión no llegó a un acuerdo. Sin embargo, el artículo 19 inciso 1 estableció que la “ley protege la vida del que está por nacer”, con lo que las normativas sanitarias quedaron supeditadas a la ley, lo que hizo muy difícil la realización de abortos legales durante la dictadura.
En 1989, antes de la transición a la democracia, la Junta Militar modificó el artículo 119 del código sanitario, restringiendo cualquier tipo de interrupción voluntaria del embarazo. Posterior a eso, ya en democracia, partidos pertenecientes a la centroderecha se oponen abiertamente al proyecto de ley que buscaba reinstalar el aborto terapéutico de forma análoga a los momentos pre dictatoriales. Sin embargo, es en este contexto donde se gestarían las bases para desarrollar un movimiento más elaborado que tomaría forma en un proyecto de ley impulsado por la entonces presidenta Michelle Bachelet, quien establecería la posibilidad de aborto en tres causales referidas a la inviabilidad del feto, peligro de muerte de la madre y aborto en caso de violación.
Una de las principales limitantes de esta ley de aborto en tres causales es la prerrogativa que los facultativos médicos y centros de atención de salud tienen de negarse a practicar un aborto en función del principio de objeción de conciencia. Esto, en teoría, resguarda el derecho al libre albedrío y el resguardo de las creencias individuales de los médicos, personal de salud y centros hospitalarios, pero en la práctica no contempla los derechos de las mujeres que puedan requerir de este procedimiento médico.
Nuevamente, en teoría, si un centro hospitalario o un facultativo se niega a practicar un aborto ante cualquier circunstancia, las mujeres que lo necesiten deberán buscar otro centro sanitario u otro profesional dispuesto a considerar los derechos y causales de las mujeres para realizar este procedimiento. Eso puede funcionar en ciudades grandes con recursos y oferta suficiente para encontrar un lugar y un médico donde realizar de manera segura la interrupción del embarazo, pero ¿qué pasa en pequeñas ciudades y poblados donde todos y todas las profesiones del lugar son objetores de conciencia? La transición a la democracia, desde la iglesia y sectores políticos conservadores, instaló el concepto de “problemas valóricos” como una forma de imponer la forma de pensar de un grupo de instituciones y ciudadanos por encima de los derechos de las demás personas, incluso por encima del derecho a la vida de las mujeres que corren riesgo de muerte por embarazos inviables, pero también de aquellas que han sobrevivido violencia sexual.
El contexto actual en que los derechos reproductivos y sexuales de los y las ciudadanas son parte del debate, harían pensar en la necesidad de tener una ley de aborto que vaya más allá de las tres causales establecidas en la Constitución. Sin embargo, tenemos representantes hombres en la actualidad, como el consejero Luis Silva, actualmente electo como uno de los candidatos con mayor votación para redactar la nueva Constitución, con opiniones que retroceden y estancan el proceso llevado a cabo en la última década.
Ante la temática del aborto, el consejero ha declarado que no es una cuestión urgente y que la discusión debe ser efectuada a partir de temas valóricos, en cierta medida atribuyendo una naturaleza ideológica-religiosa a una discusión histórica que ha estado en la palestra pública por más de 70 años, dejando incluso de lado la opinión exclusiva de las personas gestantes, quienes son los principales afectados por cualquier política pública definida en esta materia.
El consejero, a partir de sus declaraciones, además insiste en que es una temática con la que no está dispuesto a dialogar, y está a favor del ejercicio de la prudencia, enfatizando que su partido defiende los derechos del que está por nacer, abriendo camino a un posible retroceso legislativo y de los derechos de las mujeres a las dos primeras décadas de la transición o a los años previos a 1931.
Los derechos reproductivos, pero también el derecho a la vida y a la soberanía que las mujeres deben tener sobre sus cuerpos, no pueden estar supeditados a la ideología religiosa de los legisladores de partidos conservadores. No podemos volver a la precariedad conceptual y cínica de los temas valóricos. Los derechos humanos de las mujeres no son temas valóricos, son soberanías sobre sus cuerpos y sus vidas que han venido defendiendo desde los inicios de nuestra modernidad, y los movimientos feministas y de derechos humanos que han posibilitado desde 2017 el aborto en tres causales son un marco básico civilizatorio desde el cual solo podemos avanzar hacia la extensión de los derechos de las mujeres.
La imposición de los valores morales de una minoría conservadora es una violencia que atenta no solo contra las mujeres, sino también contra la democracia liberal y secular de un Estado y una sociedad cada vez más laica. No podemos caer en la falacia de que porque un conglomerado político, social y económico tenga un contingente éxito electoral, pueda imponer sus valores o fundamentalismos religiosos sobre el resto de la población en una carta constitucional que debería regir nuestra sociedad por los próximos 50 años.
