El maltrato y abuso físico/sexual infantil han sido temas presentes en nuestra sociedad, pero ¿Qué sucede cuando el Estado no logra dar una respuesta adecuada a las vulneraciones llevadas a cabo por los cuidadores de niños niñas?
Como bien sabemos, en los últimos años se han articulado múltiples denuncias en torno a los centros de cuidado de menores, tal como el ex Servicio Nacional de Menores Sename –hoy Mejor Niñez-, que en teoría era una organización gubernamental que pretendía brindar resguardo a niños y niñas. La mayoría habían sido vulnerados en sus entornos sociales y familiares, o en donde sus progenitores o parientes cercanos no pueden garantizar su protección o subsistencia. En la práctica en estos espacios surgió una violencia multidimensional, donde muchas veces niñes son privades de alimentos e incluso abusades sexualmente, evidenciando que no existe un espacio seguro para el desarrollo integral de las infancias.
En ese sentido, la nueva propuesta constitucional en el artículo 26, enfatiza que la máxima prioridad del Estado de Chile es erradicar la violencia contra la niñez, para ello se debe proveer de organismos y poderes (regulados por la ley) que garanticen los derechos de los y las niñas al interior de sus entornos familiares, por sobre las residencias u hogares. Además, se promueve la reparación efectiva e integral de toda forma de violencia, así como también se instala el derecho a ser cuidado (desde una perspectiva de corresponsabilidad parental, social y estatal), y la sanción de todo organismo, institución, familias, terceros o incluso al Estado si transgreden/vulneran los derechos de las infancias.
La propuesta constituyente además incorpora la perspectiva de género a diversas temáticas relevantes. Por ejemplo, en el inciso n° 3 -en materia de derechos-, se presenta la posibilidad de promover las condiciones familiares y ambientales que permitan el pleno y armonioso desarrollo de personalidad. No tan sólo se contempla el resguardo emocional de niños, niñas y adolescentes, sino que también sus derechos identitarios.
De esta forma se busca promover el respeto de la elección de elles a construir sus personalidades e identidades y expresiones de género sin la intermediación de normativas socioculturales heteronormativas que impiden una plena realización y desarrollo de infancias que muchas veces son vulneradas por salir de aquella normativa binaria impuesta.
Por todo eso la incorporación de los derechos de las infancias compone un cambio cultural-social que no solamente constituye el resguardo de su integridad física y psicológica, sino que también nos permite reflexionar, de una vez por todas como sociedad, el lugar que la infancia tiene dentro del nuevo pacto social que se instala con la futura constitución.
