Luego de más de 15 años de la primera denuncia en contra del kinesiólogo y cuatro querellas interpuestas por distintas mujeres a lo largo de ese periodo de tiempo, en el 2020 la Fiscalía de Viña del Mar formalizó al imputado por delitos de abuso sexual. Hoy son seis las víctimas incorporadas en la investigación quienes denuncian, que luego de años de ser desoídas por la justicia y las instituciones, ven con desesperanza el lento avance de la causa y el trato improcedente que los tribunales le han otorgado al acusado durante su arresto domiciliario.
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21/09/2022
Hace casi dos años una denuncia en Instagram removió las redes sociales en la región de Valparaíso. El testimonio era anónimo y estremecedor. La autora relataba un abuso sexual que había tenido en medio de un tratamiento kinesiológico en un centro de salud en Concón. El profesional que la asistió, con pretexto falso de atender sus lesiones en el tren inferior de su cuerpo, había realizado tocaciones en zonas íntimas -trasero y vulva- de forma intencionada y sin su consentimiento. El nombre del kinesiólogo era Arturo Orellana y, en letras rojas, la funa decía: “abusador”.
Antonia, de 38 años de Viña del Mar, quien prefiere no dar a conocer su nombre real, fue una de las personas que leyó la publicación. Cuenta que de inmediato decidió ponerse en contacto con su autora. Sus palabras identificaban lo que ella también había vivido seis años antes. El centro médico donde había acudido era distinto, pero el encargado de su tratamiento y las características de los hechos que denunció eran los mismos. Con el paso de los días la denuncia pública reunió un total de diez testimonios en los que el nombre de Orellana se repetía.
−Pensé que tenía que contactar a esa persona como sea para hacerle sentir que no está sola, que no es primera vez que lo hace, y también para tener a alguien con quién conversarlo. Ella me contactó de vuelta. Después empezaron a sumarse más denuncias −cuenta Antonia.
Hoy, seis de los casos son parte de una investigación de la Fiscalía de la Viña del Mar por presunto delito de abuso sexual en contra de Arturo Orellana de 55 años, kinesiólogo que ha trabajado en varios centros de la zona y como docente en la Universidad del Mar. Las denuncias que lo acusan tuvieron lugar en tres establecimientos distintos de la región. Todas realizadas en contra de mujeres que acudían por dolencias físicas y que, sobre la camilla bajo las instrucciones de Orellana, esperaban un tratamiento profesional, contexto en que él habría cometido los abusos y palpaciones en sus senos, trasero y vulva, por sobre y bajo la ropa. Una experiencia que les abrió una herida, y que con la primera denuncia en redes sociales, volvieron a recordar.
Luego de más de una década desde la primera acusación realizada por una menor de edad, fue imputado en 2020 y quedó con en arresto domiciliario. Sin embargo, a dos años, el proceso judicial no ha estado exento de críticas que han desmoronado las expectativas de las víctimas a causa de los permisos otorgados por los tribunales para asistir a eventos recreacionales y por la lentitud con la que ha avanzado la investigación del Ministerio Público, cuyo plazo vence este 22 de septiembre.
−La investigación no ha avanzado para probar que efectivamente es un delito de abuso sexual. No se han hecho pericias, por ejemplo, de credibilidad −asegura la abogada Eliana Espinoza quien, junto a Rebeca Zamora y Nicole Thauby, representan a la parte querellante en el juicio.
−Estamos hablando de un tipo que tiene varias denuncias hechas por mujeres de distintas edades que en ningún momento nos topamos en tiempo ni espacio. No es un hecho aislado −manifiesta Antonia.
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“Me pidió quedarme en ropa interior sobre la camilla porque también me aplicaría calor. Cerró el box con llave y empezó su ‘tratamiento’”, comienza a describir uno de los testimonios que se sumó a la funa de 2020.
La soledad dentro del box al que Orellana las guiaba, la posición expuesta sobre la camilla en ropa interior, las tocaciones en los senos o zona ingle falsamente justificadas por una necesidad terapéutica y la ausencia de consentimiento expreso de las afectadas son algunas de las características que se repiten a través de las distintas denuncias en contra de Orellana a lo largo de 15 años.
−En la mayoría de los casos lo que él hacía era recibir pacientes y durante esas sesiones de terapia kinesiológica realizaba tocaciones con clara intención sexual a las víctimas quienes en muchas ocasiones no reclamaron por temor, o lo hicieron y este sujeto les explicaba que había que hacerlo de esa determinada manera. Pero cuando ellas comienzan a consultar con otros especialistas detectan que esto está totalmente fuera de la lex artis, o reglas técnicas a las que debe seguir una disciplina, y, luego, que no es solo una persona la que sintió, entre comillas, la incomodidad, sino que son varias las mujeres que experimentaban la misma sensación. Por lo tanto, se empieza a entender que existe un patrón –relata la abogada Rebeca Zamora.
Los primeros dos episodios investigados se remontan a 2005, según indica la abogada Espinoza. Ambos ocurrieron en un centro de rehabilitación de ChileDeportes −institución que luego cambió de nombre a Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND)− y ambos fueron vividos por menores de edad de 13 y 16 años.
Siguieron otros dos en la clínica de MegaSalud −hoy RedSalud− una de las víctimas habría sido una adolescente de 16 años y una mujer adulta, en 2007 y 2014 respectivamente. Los más recientes tuvieron lugar en el centro de salud FISIOMEDS en 2020. Estas últimas son las causas más avanzadas, cuyas investigaciones fueron formalizadas por el Ministerio Público durante el mismo año.
−Todo esto se hubiese evitado si hubieran tomado en consideración, por ejemplo la querella de una adolescente de 16 que ocurrió hace 12 años −declara Camila, quien pidió resguardar su identidad. Tiene 25 años, es la última víctima querellante de la causa penal.
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El nombre de Orellana no era nuevo para Antonia en 2014, año en el que acudió a un centro de MegaSalud a causa de una lesión en su mano. Toda su familia se había atendido antes con él. El abuso ocurrió en la antepenúltima sesión de su terapia.
−Me congelé y, en el minuto en que caché qué estaba pasando, me fui. Me puse a pensar en mi sobrino, en cualquier cosa que me sacara de ese box y no me hiciera sentir dónde me estaba tocando, las caras que ponía o los ruidos que hacía. Yo solamente dije: “que termine rápido”. Porque si ponía resistencia para mí hubiese sido peor –recuerda.
Salió de la consulta en shock. Solo cuando llegó a su casa se dio cuenta de lo que había pasado y decidió contarle a su hermana. Fue ella la que la obligó a estampar de la denuncia en Carabineros. No había pasado más de una hora desde que se había retirado de la clínica.
Pese a su angustia, se sintió cómoda con la policía que le tomó la declaración. La buena experiencia, lamentablemente, no se repitió en su travesía por la justicia cuando se querelló en contra de Orellana.
−La denuncia fue por abuso sexual. Tuve que ir a varios peritajes de la PDI, al Centro de Víctimas de Abuso Sexual –suspira profundo−. Me acuerdo que el fiscal prácticamente se rio en mi cara cuando le dije que quería hablar con él. Me dijo que eso no era abuso porque yo era mayor de 18 y perfectamente pudo haber sido consentido.
La imputación del Ministerio Público en contra de Orellana en ese entonces fue por ofensas al pudor y las buenas costumbres. Dos años después, el tribunal resolvió sobreseerlo, según aparece en el Poder Judicial en 2016,
La asistencia que le ofreció el SernamEG tampoco le fue de mucha ayuda. Antonia dice que además le comunicaron mal el fallo, haciendo entender que el acusado sí había sido imputado por el delito de abuso sexual. Guiada por esa idea, decidió publicarlo en sus redes sociales. Como consecuencia, Orellana se querelló de vuelta por injurias y calumnias y Antonia debió pedir disculpas públicas.
Frustración, impotencia, enojo y una gran aflicción son las emociones que traspasan las palabras de Antonia al relatar su paso por una justicia que le hizo sentir que lo que vivió con Orellana fue minimizado y todo quedó en nada, pese a los inmensos costos que aquella experiencia le acarreó en su salud mental y en su vida social y laboral. No solo tuvo dificultades para relacionarse con otras personas, incluida su familia que la apoyó y compartió su dolor. También comenzó a sufrir crisis de pánico y de angustia que la obligaron a comenzar a medicarse. Por ese motivo debió renunciar a su trabajo por el que se había esforzado durante años para alcanzar y con el que había soñado por aún más tiempo.
−Creo que la gente no dimensiona lo que es el abuso. Recién cuando es violación se le toma el peso. Siempre dicen “menos mal no te violaron” o “fue un simple manoseo”. Yo incluso en un momento estuve en una encrucijada en la que me decía: “quizás hubiese sido mejor si hubiera puesto más resistencia y este loco me hubiese pegado, violado o, por último, un forcejeo, para que yo saliera del box con un ojo morado, con una nariz rota o con lesiones en quizás qué partes para que le tomaran el peso. Pero no pasó porque, al menos a mí y varias de nosotras, el miedo nos congeló.
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Si bien son seis las denuncias que son parte de la investigación de la Fiscalía, esos no serían los únicos testimonios en contra del kinesiólogo (los otros también respaldan la causa penal). Uno de esos relatos adicionales es el de Nicole de 37 años, quien prefiere no dar a conocer su nombre real, cuya declaración fue tomada en 2020 por la policía tras ser contactada por la autora de la denuncia y hoy es parte de la carpeta investigativa de la Fiscalía de Viña del Mar, según confirman las abogadas querellantes.
Los hechos denunciados retroceden a 2011 cuando ella era estudiante de kinesiología de la Universidad del Mar y realizaba su internado en MegaSalud. Allí trabajaba Orellana, quien además era el profesor guía de su tesis.
Narra que él la empezó a acosar desde el primer día. Sus saludos eran de abrazo y cintura y no perdía la oportunidad de mirarla ni de hacerle preguntas personales. Le pedía que fueran al box a hacer pruebas donde le solicitaba que se acostara boca abajo y que se bajara el pantalón para luego tocar su pelvis. Nicole no se sentía cómoda con esas conductas. Ningún otro profesor le había hecho ese tipo de solicitudes antes. Los episodios no terminan ahí, aunque, afortunadamente, ella dice que pudo detener la situación.
−Una de esos días, él comenzó a tocar mi pelvis. Luego más abajo. Me sentí súper incómoda. Agarré mis cosas y salí.
Al día siguiente no regresó a MegaSalud sino que se dirigió directamente a su universidad para denunciarlo. Le daba miedo perder su internado y su tesis. Sobre todas las cosas, no quería tener que verlo.
−Yo sentí que no me creyeron mucho −dice cuando recuerda la reacción que tuvieron las autoridades de su facultad.
Solo tras insistir y mantenerse firme logró que la cambiaran a otro internado y que él no la evaluara en su tesis. Sin embargo, más allá de eso, la universidad no lo investigó y él siguió haciendo clases en esa casa de estudios. También siguió trabajando en MegaSalud, la misma clínica donde había ocurrido la denuncia de 2007 y, luego, ocurriría la de Antonia en 2014.
Para este reportaje, nos pusimos en contacto con MegaSalud, hoy bajo el nombre de RedSalud, pero hasta la fecha no han respondido nuestras preguntas. También llamamos al centro de salud FISIOMEDS donde ocurrieron las últimas dos denuncias de 2020. Sin embargo, se negaron a entregar declaraciones. Según confirmó Felipe González, el abogado defensor de Orellana, el imputado es uno de los socios de la empresa.
La única institución que aceptó conversar fue el IND donde ocurrieron las primeras denuncias de 2005. Señalaron que no guardaban registros de hechos tan antiguos y que, para la fecha, no contaban con protocolos ante los abusos sexuales.
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La denuncia de 2020 fue un momento clave para el proceso emocional y judicial de Camila, la última querellante del caso cuya causa es la que tiene mayores avances. No solamente le sirvió para encontrar apoyo, sino que también logró conocer a otras víctimas quienes se organizaron y buscaron ayuda legal para empujar la causa. Fue así como entraron en contacto con las abogadas Rebeca Zamora, Eliana Espinoza y Nicole Thauby, quienes hoy las representan particularmente. El mismo año también lograron aparecer en Chilevisión y en notas de otros medios con el objetivo de darle mayor visibilidad al caso.
−Ha servido para saber que somos muchas las que vivimos el mismo problema. Pero eso aumenta nuestra sensación de injusticia y rabia. Algunas lo habían denunciado y, si las hubieran protegido a ellas, nada nos hubiera pasado a nosotras porque estaría preso o inhabilitado para trabajar desde hace años −dice Camila.
De esta forma, esperan que hoy por fin se lo condene por abuso sexual gracias a la suma de las todas denuncias. La prescripción de los delitos y el criterio de consentimiento, son algunas de las dificultades con las que se enfrenta el caso. Aun así, las abogadas creen que la ley las respalda.
−En materia penal, cuando la persona comete un delito se interrumpen las prescripciones, que es lo que pasa con Martín Pradenas actualmente. Si en la escala de tiempo se logra ir acreditando los distintos hechos, aunque su prescripción esté interrumpida, los podemos contabilizar igual −indica Rebeca Zamora.
Por otra parte, su colega Eliana Espinoza señala que, cuando se trata de víctimas adultas, es difícil probar que no hubo consentimiento, pues, en la ley, para que el hecho sea considerado un abuso sexual se deben cumplir con algunos criterios. Que las agresiones hayan ocurrido con fuerza o intimidación o que la víctima haya estado incapacitada de defenderse, son algunos de ellos.
Por esto, Eliana cree que es fundamental que la justicia falle con perspectiva de género y que aplique los convenios internacionales que Chile ha suscrito en esta materia. Que se entienda que las víctimas, sin estar en una situación de agresión física o intimidación, sí se encontraban en un contexto en el que no se podían defender.
−Estaban en una camilla, desnudas, en una situación en la que ellas confiaban en su profesional tratante y donde no conocían los procedimientos correspondientes −indica.
Zamora señala que, al ser más de un de abuso sexual el que se acusa, la pena con la que se condene a Orellana podría subir hasta en dos grados si es que el tribunal reconoce la reiteración del delito y así lograr una sumatoria de condenas que lo haga acreedor de una pena efectiva, sin cumplimiento alternativo.
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La noticia del arresto domiciliario total de Orellana en 2020 fue celebrada en las redes sociales como un pequeño avance en la obtención de justicia para las víctimas. Sin embargo, el proceso ha tenido baches que han opacado las expectativas de las denunciantes.
En mayo de este año se hizo público que el Tribunal de Viña del Mar le había otorgado un permiso a Orellana para asistir a un evento en el club de campo Las Salinas de la misma ciudad, donde además recibiría un premio por parte del equipo de rugby Old Navy y luego asistiría a una celebración. Las redes sociales estallaron por la revictimización que esta situación implicaba para las afectadas.
“Es contrario a toda lógica que el tribunal autorice al imputado a salir a festejar y ser premiado”, señaló un comunicado de la agrupación Esfera Feminista la cual, al igual que la Coordinadora 8M, se manifestaron en rotundo desacuerdo con lo ocurrido.
−Ese fue el primer fallo que me hizo mal, porque salir a festejar o a jugar rugby no es un derecho humano como otras salidas que se le habían autorizado antes −señala Camila.
Según indican las abogadas, al imputado ya se le había entregado un permiso en enero para asistir a un evento en la playa. El otorgado en mayo fue la gota que rebalsó el vaso.
−El tribunal lo autorizó sin cuestionarlo. El permiso era desde las dos de la tarde hasta la madrugada porque incluía una fiesta y comida. Llegaron y fallaron sin siquiera preguntarles a las querellantes, a pesar de que algunas de las víctimas viven en ese mismo sector o son socias del club. Rebeca Zamora presentó un escrito de reposición para que el tribunal entrara en razón, pero dijeron que se mantenían firmes en su decisión −afirma Espinoza.
En una audiencia posterior, la abogada pidió que, por lo menos, se escuchara a las afectadas. Pero, pese a que pudieron la solicitud fue accedida, la decisión no fue modificada. Solo lograron reducir el horario de la autorización y fijaron que Carabineros y el equipo jurídico del kinesiólogo lo custodiara durante su salida.
Por su parte, el abogado defensor Felipe González, asegura que la entrega de permiso es un trámite permitido por la justicia a los imputados con medidas cautelares. Al mismo tiempo, aclaró que la ponderación de la posible peligrosidad de Orellana para la sociedad no entraba en conflicto, pues él no se iba a poner en contacto con las víctimas.
Finalmente, Orellana no asistió al evento, según el abogado, por decisión propia tras la masividad de las denuncias.
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Además de este incidente, las víctimas se han enfrentado a un proceso que se tropezó con la pandemia en 2020 y ha tenido que hacer frente a situaciones administrativas que lo han ralentizado. Tanto por este motivo como por las polémicas autorizaciones de los tribunales, Antonia ya no tiene muchas esperanzas sobre una posible condena favorable. Cuenta que otras afectadas también han manifestado esta sensación y algunas incluso se han salido del grupo de WhatsApp donde se comunican.
La percepción de poco avance la comparten sus abogadas quienes durante meses estuvieron expectantes de que Fiscalía ordenara nuevas diligencias que permitieran sostener con más fuerza el argumento de la falta de consentimiento. Hoy, a horas de que se cumpla el plazo de investigación, están atentas a la decisión que tomará la institución respecto al caso.
−En la pandemia, pasó en muchos casos que la práctica de diligencias se ralentizó o se detuvo. No ha habido grandes avances, pues no han sido delitos que se hayan priorizado −dice Zamora.
Por su parte, la fiscal María Soledad Torres, hoy a cargo del caso mientras la abogada titular Carolina Monsalve se encuentra con un permiso legal, afirma que, debido a que las causas fueron agrupadas, el proceso se ha hecho más lento, pero a la vez más favorable. Indica que aún quedan diligencias pendientes y que siempre se puede solicitar que se amplíe el plazo de investigación.
−Llevamos más de un año nosotras y nuestras familias con el alma en un hilo y el corazón en la mano esperando a ver si hay o no hay condena −dice Camila.
−Me enoja, me da rabia, me frustra enormemente. Hasta el día de hoy sigo yendo al psiquiatra y lo que me acarreó en mi vida personal lo que pasé con él fue muy grande. Entonces encuentro súper injusto que no haya ruido y que nadie haga nada cuando este tipo ha abusado por lo menos desde hace 15 años. Entonces, yo voy a seguir dando mi testimonio a quienes quieran escucharme. Sé que quizás no voy a lograr nada, pero si nos seguimos quedando calladas es peor porque después el tiempo pasa –declara Antonia.
La Otra diaria se contactó con Felipe González, abogado de Arturo Orellana, quien no quiso entregar declaraciones sobre la postura de la defensa. La abogada Rebeca Zamora, quien representa a las querellantes, dice que la contraparte niega la existencia de los abusos sexuales.
