Transcurridas un par de semanas desde las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes, donde las promesas de erradicar la violencia contra la mujer encabezaron muchas de las campañas políticas, nos encontramos en redes sociales con el video del concejal electo en Til Til, Camilo Parra Soto. En la grabación “incentiva” a los vecinos de la comuna a delinquir, y en específico a violentar a las mujeres porque el lugar “es demasiado tranquilo, demasiado fome”.
El mismo día en que realizó dichas declaraciones, se conoció el caso de una mujer de Melipilla que fue secuestrada por su cónyuge y la mantuvo encerrada en un furgón durante cinco días. Fue víctima de violencia física, psicológica y sexual. Las denuncias anteriores interpuestas por ella en contra de ese hombre, además de la medida cautelar de prohibición de acercamiento, vigente al momento de los hechos, fueron insuficientes para darle protección.
Las mujeres estamos solas.
Desde que comenzaron los efectos de la pandemia en nuestro país las feministas, y quienes trabajamos con casos de Violencia Intrafamiliar (VIF), intentamos visibilizar el aumento de casos de violencia contra la mujer. En la televisión vimos a las autoridades en distintos programas hacer referencia a que el confinamiento acarreó consecuencias aún más negativas para las mujeres, se intentó crear conciencia respecto a que al convivir con sus agresores las 24 horas del día, en muchos casos las expone a vivir situaciones de violencia con nulo acceso a pedir ayuda si decidían denunciar.
El problema es que esa acción fue solo un intento de concientizar a las personas, pero ninguna de las medidas tomadas por las autoridades significó una ayuda real para las mujeres.
El acceso a la justicia fue tornándose cada vez más difícil, solo se habilitó la plataforma de la oficina judicial virtual para realizar denuncias en “escritos fáciles”, asumiendo que el 100% de las mujeres residentes en nuestro país tenían acceso a medios tecnológicos y que todas contaban con clave única; que solo se podía obtener haciendo largas filas en el Registro Civil.
El sistema generalizó y se olvidó de la mujer analfabeta, sin medios tecnológicos, se olvidó incluso del caso de la mujer que por ir a denunciar durante el toque de queda se encontró con Carabineros. En lugar de dar ayudarla y tomar su denuncia, la llevaron detenida por incumplir con las medidas sanitarias.
Las mujeres fuimos olvidadas en medio de la pandemia. Recordemos que por más que el Sernameg haya hecho difusión al famoso número “1455”, se ha detectado que quienes contestan esas llamada carecen de la formación y expertis que se requiere en estos casos, entregan información errada y lo único que hacen es traspasar el caso a otras instituciones colapsadas.
Los Centros de la mujer siguen sin poder dar la cobertura que se requiere sobre todo con el aumento de casos. La cantidad de profesionales es la misma que antes, y han denunciado que las condiciones son precarias ¿Cuál es real interés por protegernos?
El derecho de la víctima a ser oída por parte del Ministerio Público también se ha visto limitado. Entrevistas, diligencias de investigación, mecanismos de protección y plazos de intervención judicial se han dilatado más de lo común. Dada la contingencia sanitaria, la solución es básicamente “reprogramar” u ofrecer salidas alternativas que, en los casos de violencia, sólo benefician a imputados y no a las víctimas.
Hoy todas las propuestas de las autoridades solo hacen temer más sobre nuestra situación. Recientemente el Senado aprobó un proyecto que cambia la tramitación judicial, debido a “la avalancha de causas judiciales pendientes” y que insta a dar respuesta al retraso en tramitación de causas, sin embargo también busca priorizar la aplicación de acuerdos reparatorios en todas las materias, lo que potencia la realización de audiencias remotas, entre otras soluciones, que no son las aptas para combatir esta otra pandemia: La violencia contra la mujer.
Las medidas cautelares siguen siendo insuficientes para dar protección real a las víctimas pues, si antes era un problema fiscalizar el cumplimiento, hoy es mucho más complejo porque las instituciones encargadas no cuentan con los conocimientos ni con la voluntad.
También hago referencia a la mujer que vive en zonas rurales, donde además de no contar con un computador con Internet, está aislada de todas sus redes.
A mi parecer la explicación de esta burocracia cristalizada se encuentra en las palabras de la escritora y antropóloga argentina Rita Segato. “Desmontar la minorización del tema de la mujer equivale a aceptar que, si entendiéramos la formas de la crueldad misógina del presente, no solamente entenderíamos lo que está pasando con nosotras las mujeres y todos aquellos que se colocan en la posición femenina, disidente y otra del patriarcado, sino que también entenderíamos lo que le está pasando a toda la sociedad”.
Al invisibilizar esta violencia, también niegan nuestra existencia. Pese a que violencia hacia las mujeres es un problema de todos, hoy sigue siendo el chiste de un concejal, la promesa de un político, las soluciones burocáticas de un Ministerio que no existe. Por eso insisto: Estamos solas.