Como sociedad pasamos por una profunda expectación respecto de lo que ocurriría en las elecciones constituyentes, ya que representaba la concreción de una especie de quimera – o para algunos, una entelequia – que parecía imposible de alcanzar tras tantos años en los que los gobiernos democráticos del país, que sucedieron a la dictadura, no fueron capaces de llevar a cabo. Lo que representaba esta oportunidad no era un simple trámite, sino que significaba una apertura histórica de participación ciudadana, un gesto de reparación frente a lo sufrido en dictadura.
Aquí es donde me quiero detener. Son muchos los problemas que las mujeres vivimos, tanto en la región como en Chile. Sin embargo, en el fenómeno que me detendré será en uno que pareciera no levantar tanta crítica o encender alarmas, como la brutal cantidad de femicidios que a diario se comunican en la televisión y otros medios nacionales. Este fenómeno es el de la criminalización y persecución penal del aborto en Chile.
Desde la promulgación de la ley de aborto en tres causales en 2017, sólo la población femenina junto a organizaciones feministas, han continuado la lucha por lograr una ley de interrupción voluntaria del embarazo sin restricciones, sin limitantes ni tampoco con procesos validados desde el Estado, como lo es la objeción de conciencia. Sin duda la ley existente es un avance, pero no es suficiente, tampoco fue oportuno. Hablar de aborto, en mi opinión, implica hablar no solamente de reconocer a las mujeres como sujetas de derechos que deben tener el poder de decidir sobre sus propios cuerpos y su vida, de la posibilidad de ejercer la maternidad con libertad – decidir si ser madre o no – tal como los hombres hoy y siempre han podido decidir, en cualquier instante de su paternidad, si continuarla o no, o como frasea el dicho si “ir a comprar cigarros a la esquina” o no. Hablar de aborto, implica también hablar de temas complejos y poco mencionados o tratados, como, por ejemplo, hablar de salud pública, de políticas públicas y también de cómo la estructura del Estado y sus instituciones han sido incapaces de actualizarse y flexibilizarse frente a estos procesos de complejización del tejido social.
Las cifras dadas a conocer por el Ministerio público respecto de la criminalización del aborto en Chile muestran una prevalencia que debería llamar la atención de todos. Así, por ejemplo entre 2010 y 2020 se registran 1.865 personas imputadas, es decir, un promedio de 170 al año; y 146 personas condenadas, 84 mujeres y 62 hombres.
Si aun existiendo una ley que regula en qué casos las mujeres podemos acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿por qué las cifras por criminalización se mantienen estables? ¿a qué se debe que se continúe procesando a mujeres – más que a hombres, lógicamente – por abortos clandestinos? ¿será que la ley actual no es suficiente o, una vez más, serán los individuos los responsables de esto y no el Estado?
Que exista en las cifras una prevalencia en los casos de criminalización por aborto, no significa que los individuos o, específicamente, las mujeres no sepan respetar la ley o sean irresponsables en cuanto al ejercicio de su salud sexual y reproductiva. Lo que subyace a los números es algo mucho más que lo que se ve a simple vista, porque pone de manifiesto, una vez más, la incapacidad del Estado-en los gobiernos anteriores- de tratar las problemáticas sociales como algo público y no privado, además de su inoportuna, ineficaz e ineficiente respuesta en cuanto a las urgencias de la ciudadanía. Explicitaban así la poca voluntad de cambio y actualización de sus estructuras e instituciones para con la sociedad que alberga, sobre todo con las mujeres.
El patriarcado es amigo del capitalismo y el neoliberalismo, reproduce el stablishment del cual se ha valido por décadas el Estado chileno para reproducir pautas sociales y culturales que sólo nos limitan a nosotras las mujeres.
