“Hemos pagado caro el tratar los asuntos de las mujeres como algo de una minoría”, nos decía Rita Segato a auditorio lleno en junio del 2019. Antes de la revuelta, la referente feminista nos llamó a trenzar las luchas y vincular lo vivido con los problemas a nivel estructural. Sus palabras resuenan a la hora de pensar en el gobierno de Piñera, el que ha sido un desastre con consecuencias directas para la vida de las mujeres en Chile. Por acción (como en su firme negativa ante el postnatal de emergencia) u omisión (como en todas las políticas de ayuda económica ante la pandemia), La Moneda ha intensificado el demoledor efecto del COVID-19 en la profundización de la crisis de los cuidados. El proceso político que inicia con este momento constituyente partirá de un país mucho más pobre y crispado que en octubre del 2019 y eso azota en especial a mujeres y niñas.
En el primer peak de la pandemia (mayo-julio 2020), aumentaron las personas que no buscaban trabajo remunerado por razones temporales de cuidados y quehaceres domésticos. Al mismo tiempo, los puestos de trabajo de sectores feminizados, como quienes se dedicaban a alojamiento y servicios de comida, comercio y actividades de los hogares en calidad de empleadores, es decir, trabajadoras de casa particular, fueron los que proporcionalmente disminuyeron más.
Ante eso y con la base de una Convención Constitucional paritaria, es necesario esforzarse por construir una agenda en común allí donde podemos proyectar nuevas condiciones de lucha para las mujeres en sentido colectivo, lejos de las agendas del “techo de cristal empresarial” mientras la mayoría femenina del país está más cerca del suelo que del techo.
Conviene mirar estratégicamente las demandas clave que significan un cambio en la distribución del poder en nuestro país en múltiples dimensiones: del régimen político, claro, pero también la distribución del poder económico y sin duda las relaciones laborales y de género.
Es por eso que como feminista creo que un elemento imprescindible en esta agenda es la negociación colectiva por rama de la economía, un proceso que se lleva a cabo entre las/os trabajadoras/es organizadas/os y los empleadores y/o el Estado con el objetivo de lograr acuerdos a nivel de establecimiento, de empresa, de profesión o de industria, de la región o de la nación, en las materias que interesan a las/os trabajadoras/es. Es decir, es una forma de negociación que supera los estrechos límites de la empresa y que puede adoptar formas distintas, apelando al Estado o a la empresa o en modalidades tripartitas, como lo recomienda la OIT.
En el primer programa de gobierno de la Concertación de Aylwin (1989) se prometía a los trabajadores un sistema de negociación colectiva por rama. Por supuesto, eso nunca ocurrió ni en ese gobierno – convenientemente olvidado por el entonces ministro del Trabajo y hoy candidato a constituyente favorito del empresariado René Cortázar- ni en los cuatro restantes de esa coalición.
¿Por qué en la Constitución y no simplemente dejarlo a la legislación corriente? La Carta Magna de Pinochet estableció una aproximación individualista y restrictiva de la libertad sindical y al mismo tiempo reduce al mínimo los otros dos pilares de esta: la negociación y la huelga. En un país con una historia tan antisindical como Chile, la mejor alternativa es garantizar la libertad sindical en forma amplia, incluyendo sindicato, negociación y huelga, libertad de organizarse en todos los niveles, autonomía sindical y más.
Este puede ser un elemento clave si pensamos en los sectores tradicionalmente feminizados del trabajo formal como el retail, servicios o telecomunicaciones (call center), que tienen en común salarios muy bajos para empresas con ganancias obscenas. De acuerdo a la OIT la negociación colectiva tiene un alto potencial con respecto al avance hacia la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Los espacios tripartitos de fijación de salarios son los más eficientes para consolidar compromisos con la igualdad salarial, la revisión de los sistemas de clasificación y evaluación de los puestos de trabajo o para eliminar sesgos contra las ocupaciones feminizadas
La negociación colectiva por rama también es fundamental para distribuir el poder en orden económico y de género. Las mujeres en Chile tienen una bajísima tasa de sindicalización, tanto por el tradicional “patriarcado sindical” -es decir, el machismo en el movimiento de las y los trabajadores- como por la desprotección laboral y precarización laboral que hacen inviable el progreso de las organizaciones. La negociación colectiva por rama permite que las conquistas de la lucha sindical lleguen a todas/os las/os trabajadoras/es de un sector y tiene un efecto redistributivo que eleva los salarios, mejorando las condiciones concretas de miles de mujeres que hoy no tienen margen de negociación alguno.
En un escenario general de empobrecimiento y progresiva extensión de las condiciones precarias a una mayoría de las/os trabajadoras/es la forma en que las empresas logran mantener sus costos de producción lo más bajos posible varía, pero algunos fenómenos globales son el aumento de la mano de obra migrante mal remunerada y con bajas posibilidades de organizarse, y la flexibilización al extremo de los aspectos más rentables y operativos de la reproducción social bajo lo que se llama “economía colaborativa”, que son los puestos de trabajo mediados por empresas de funcionamiento virtual como las aplicaciones.
La negociación colectiva por rama permite resistir y limitar esta estrategia de acumulación. Finalmente, otra resignificación de la demanda de la negociación ramal en clave feminista tiene que ver con su efecto democratizador. Las feministas sabemos bien que la organización y capacidad de generar procesos de lucha en base a las necesidades propias son formas de profundización democrática con tremendo potencial. Para un feminismo futuro, del 99%, requerimos dar este paso.
