Ser víctima de una agresión sexual y denunciar en Chile es un camino pedregoso. Que la justicia en este país tarda, es una certeza. La víctima, antes de nombrarse víctima, tiene que exponer que ella no es culpable. Y después entender que se puede poner en cuestión su testimonio. Pero qué pasa cuando la violencia sexual se convierte en un arma de guerra o de disuasión. Una que les dice a las mujeres y también a las disidencias –incluso a niñas-que las marchas, que la protesta y que la calle no es su lugar. Qué pasa cuando quienes deberían protegernos son los abusadores y en un contexto sumamente frágil como lo fue la revuelta social. La mujer fue de nuevo botín de guerra y el control de nuestros cuerpos un elemento represivo.
Las feministas no lo olvidamos. No podemos.
El 15 de noviembre del 2019, a casi un mes del 18 O ocurrió uno de los casos más graves de violencia sexual denunciados durante el estallido. En el registro de un video, que se dio a conocer en las redes sociales, pudimos ser testigos de cómo los funcionarios policiales forcejeaban con una joven, cerca de la patrulla ubicada en una plaza de la ciudad de Rancagua. En esa noche ominosa, como tantas otras en esos meses, la agreden cuatro carabineros y queda semidesnuda. Se une un quinto policía. Lo que sigue después es una verdadera historia de terror.
«Mira cómo la tienen»; «¡No la veís!», decía una joven que grababa sosteniendo el celular aparentemente desde la ventana de un edificio. La voz trémula dejaba entrever su miedo mientras documentaba todo. En esos días cientos de teléfonos de manifestantes eran los instrumentos que permitían registrar la verdadera cacería a las y los manifestantes durante los primeros meses de movilización. La mujer que grababa, finalmente llora. Afuera se ven pasar autos y hasta una joven en bicicleta. Nadie hace nada. Los uniformados no dejan de violentar a la joven.
En la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) quedaron estampados los acontecimientos de ese momento: los carabineros la habían reconocido, la grabaron cuando participaba de una actividad musical. Fue alcanzada por la fuerza policial y lanzada al suelo. Le esposaron la mano izquierda; le doblaron uno de sus brazos para causarle dolor. Uno de los funcionarios habría sido especialmente más violento y se le escuchó decir: «Hasta que al fin te agarramos, puta».
Cuando comenzó a pedir auxilio, fue acallada por el mismo carabinero, quien le apretó el cuello con una mano, cortándole la respiración, y luego comenzó a hacer tenaza con sus dedos directamente sobre la tráquea antes de la agresión sexual.
¿Pueden sentir su desesperación?
Esos días fue el periodismo independiente y, por sobre todo el feminista, quienes publicaron -y publicábamos- denuncias de víctimas que habían sido entrevistadas por abogados y abogadas del INDH, ABOFEM (y clínicas jurídicas). En su paso por las comisarías —desde la primera semana de movilización— les tocó registrar casos da amenazas de violación con el arma de servicio, desnudamientos forzoso y obligación de practicar «sentadillas» (incluso niñas de 15 años) en presencia de otros funcionarios; tocaciones, además de violencia verbal y sicológica.
En el INDH las denuncias llegaron a más de 470. Contando solo las víctimas que se atrevieron.
En estos días que la falta de memoria campea, o que en las redes sociales hay una verdadera caza de brujas y también hay políticos que piden “disculpas formales” del gobierno y “un respaldo cerrado a Carabineros”, la pregunta es ¿quién pedirá disculpas a las cientos de víctimas?
Queremos decir que hay algo que estamos olvidando -o que más bien fue parte del interés esporádico de políticos- y hoy parece que nadie habla de ello. Insistimos en que la violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión de la protesta social, como si junto a las lacrimógenas y los escopetas, fueron parte de una táctica para dispersar las protestas tras el 18 O.
El reporteo en ese tiempo reveló, por ejemplo, que en la 12 Comisaría de San Miguel fue donde más se generaron denuncias por desnudamientos a mujeres adultas y adolescentes.
Frente a esa impunidad y la grave violación a los derechos humanos, la violencia política sexual y la inoperancia estatal de ese momento, cuatro chicas de Valparaíso en noviembre de 2019 irrumpieron con ese baile sobre algo que todas sabíamos y temíamos. Todas podíamos ser un blanco. Todas podíamos ser víctimas de una agresión sexual por el simple hecho de salir a la calle. Algunas solo tuvimos suerte.
El movimiento feminista aumentó su protesta lo que tuvo una repercusión internacional. Nadie olvidará la intervención performática de Las Tesis en distintos países del mundo entregando solidaridad a tanta vulneración a los derechos humanos.
“Duerme tranquila/ niña inocente…”
La represión policial y militar que se vivió durante la revuelta social, fue en la línea contraria de lo establecido en los diversos tratados internacionales que Chile ha ratificado desde el retorno a la democracia. La atención estaba puesta en nuestro país. Fueron distintas las misiones y recomendaciones que se entregaron a nuestro país sobre la violencia sexual —reportada por Human Rights Watch (HRW)—, la ACNUDH recopiló 24 casos, sobre este tipo de violencia. El Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por “las informaciones coincidentes en las que se denunciaron actos de violencia sexual policial contra mujeres y niñas durante protestas estudiantiles”.
La violencia sexual es inaceptable y jamás se debe utilizar como una forma de control del orden público por parte de los agentes del Estado. Hoy, sobre todo considerando las obligaciones internacionales que le competen a Chile en cuanto a adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, disidencias y niñes.
Con tristeza, con cansancio, con memoria y por las víctimas, por las mujeres que nos antecedieron y que creyeron que nunca volverían a palpar ese horror, decimos ¡Nunca más! Nunca más, porque no habrá olvido.
