El 14 de junio comenzó el juicio en contra de Martín Pradenas, acusado por seis delitos sexuales (2010-2019), que en caso de ser condenado por todos ellos podría pasar hasta 41 años en la cárcel. Esta será la primera de 37 jornadas de juicio en el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco.

Nadie olvida que Antonia Barra fue víctima de agresión sexual por parte de Pradenas y se quito la vida hace tres años.

El hashtag #MartinPradenasViolador se posicionó en Twitter durante el 2020, porque lo ocurrido con Antonia se transformó en uno de los casos más emblemáticos del último tiempo en lo que respecta a violencia contra la mujer en nuestro país. Ese mismo año también la defensa de Pradenas la asumió Gaspar Calderón y sus opiniones sobre el caso fueron cuestionadas por su carácter revictimizante: “Se trató de una acción consentida y con rasgos de ebriedad”, dijo en una entrevista, pero el relato de los testigos del hecho -dentro y fuera de la discotheque ex Murano donde Pradenas abordó a la joven- son contundentes respecto del estado de vulnerabilidad en el que se encontraba Antonia antes de la agresión sexual.

“¿Debería considerarse la perspectiva de género por sobre la justicia? No lo creo”, refutó Gaspar Calderón, ante los cuestionamientos sociales de que el proceso fuera tratado con perspectiva de género, debido a la violencia sexual, que hubo hacia las cinco víctimas, incluyendo una menor de edad. Además, cuestionó el suicidio femicida de Antonia. En mayo del 2020 apareció en la portada del Diario Austral con el titular “Caso Antonia: defensa de joven acusado de violación y abuso sexual dice que “fueron relaciones con consentimiento”.

La literatura de investigación sobre el tema argumenta ampliamente que las mujeres que son agredidas sexualmente son castigadas socialmente y deben “probar” que sus acusaciones son “reales” y que ellas son “víctimas verosímiles”. Las mujeres que se “descarrilan” de las conductas esperadas son tratadas por la policía y los tribunales con sospecha y desconfianza, sobre si realmente fueron agredidas sexualmente o no, o si tenían o no la culpa de lo que les ocurrió o no. Ahí aparece la violencia de género como una marca que se imprime en sus cuerpos: la violencia simbólica, que también se reproduce en los medios de comunicación.

Al principio en la cobertura del caso, como en otras noticias similares, hubo despojo de reflexión social, cuando se cuestionó la agresión. Se expresa de manera subyacente, que en algún punto, la víctima se merecía lo que le pasó. Subyacente también es el mensaje de cómo debemos comportarnos las mujeres para no ser violadas o ser sobrevivientes “santas”.

Nunca está demás recordar a los medios de comunicación, -que carecen de perspectiva de género-, que si no hay consentimiento, es violación, por lo tanto lo que siempre debe cuestionarse, no es si las mujeres están hablando con la verdad o si a lo que dijo Antonia que le había pasado es real o no, lo que siempre debieron cuestionarse es si Martín Pradenas actuó con el consentimiento de Antonia, y no poner nuevamente el cuestionamiento a las mujeres.

Antonia Barra Parra tenía 20 años, era estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Mayor, tenía uno de los rendimientos más altos de su carrera y era reconocida por su buen desempeño académico. También tenía amigas, amigos y una familia que la amaba. Todo cambió en la madrugada del miércoles 18 de septiembre del 2019. Antonia se suicidó el 13 de octubre del mismo año.

Como periodistas feministas estaremos atentas a esta jornada y exigimos justicia para Antonia Barra. Nada más que justicia.
Actualización: El 25 de abril se reabrió el juicio a Martín Pradenas. En un primer juicio, Pradenas fue condenado a 20 años de cárcel, este fue anulado por la Corte Suprema.  El 28 de julio, el TOP de Temuco, condenó a Pradenas a 17 años de cárcel por siete delitos sexuales perpetrados contra seis víctimas entre 2010 y 2019. El lunes 31 de julio se informó que la defensa de Pradenas, a través de la unidad jurídica de la Defensoría Nacional Pública en la región Metropolitana, para dar pie a la nulidad, presentó ante el Tribunal Constitucional, un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En la tarde de hoy se dio c onocer que el TC admitió a trámite la petición de anular la sentencia.