La abogada conversó con La Otra diaria respecto de la denuncia al juez Daniel Urrutia por parte del Tribunal de Honor de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANM) tras su exposición en la Convención Constitucional. Según algunos asociados sus dichos fueron “falaces” y dañaron la gremial. Su defensora hace acá un análisis del caso y habla de la responsabilidad del Poder Judicial durante el Estallido Social. “Es una persecución”, asegura en la entrevista.
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Es la madrugada del 22 de octubre del 2019, los observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) intentan ingresar a Urgencias de la ex Posta Central, en Santiago, pero no les permiten el acceso para constatar las lesiones de los heridos tras la represión policial. El director del recinto médico ordena el cierre de las puertas y debieron acudir a la justicia para obtener una autorización, la que fue otorgada por el juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Pese a contar con la orden, les siguen negando el paso. La tensión aumenta hasta el punto en que Urrutia tiene que acudir al lugar para lograr que se cumpla la resolución. Incluso debió amenazar con descerrajar la reja. La escena recordó los peores momentos de la dictadura y por eso muchos no la olvidan.
La entrevista con la abogada se da la mañana de un viernes y falta menos de un mes para el segundo aniversario del del estallido social. En una oficina en el centro de Santiago María Izquierdo recibe a La Otra diaria para conversar. Atrás de su escritorio, el telón de fondo son sus diplomas, encima hay carpetas apiladas, documentos y un café a medio tomar. Reflexiona sobre esos actos de valor que tuvieron pocas autoridades durante la revuelta, pero también hincapié sobre el olvido y la opacidad que siguen a estos acontecimientos.
Incluso dirá más tarde, que en el caso de juez Urrutia, hubo y hay “una persecución” .
Izquierdo estudió en la Universidad de Chile y se tituló en abril de 1986. Reconoce que eran tiempos difíciles para una mujer en ese campo profesional, con el machismo arraigado en las aulas universitarias. También era una época convulsa en plena dictadura y quizá por eso nació su interés particular por los temas de Derechos Humanos. Si hay un caso que la marcó fue la desaparición de Julio Flores Pérez (25) en el año 1975. Dice que no se olvida del dolor que sintió la madre del joven: Olga. Un dolor que se replicó en tantas mujeres.
Se reconoce una persona frontal, y le ha tocado ver distintos casos, desde la evitación de alzamientos ilegales de casas de masajes en los años 90 hasta los alegatos por la reciente expulsión de observadores extranjeros de DDHH del país. Ahora asumirá la defensa del Juez Urrutia frente a la acusación de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANM), una denuncia polémica ya que según el Tribunal de Honor, Urrutia daño gravemente al gremio judicial con su exposición ante la Comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional.
“Las afirmaciones transcritas configuran hechos de carácter grave que atentan contra el honor o dignidad de otros asociados o de la Asociación en general (…) reparar en lo falaces de sus afirmaciones y del daño gratuito e injustificado que con ellas causa a la labor jurisdiccional y al quehacer gremial en particular”, se lee en la denuncia que sigue en tramitación.
La abogada tuiteó estos días “Urrutia en exposición en la Convención Constitucional escogió la sinceridad, el riesgo antes que la seguridad, la crítica ante el poderoso antes que la servidumbre, el deber moral antes que el interés propio y la indiferencia. (Foucault Rasgos de la parresía)”.
-María, ¿qué opinión tiene de la denuncia del Tribunal de Honor al juez Daniel Urrutia? ¿En qué se basa este proceso?
-Carece de fundamento, absolutamente, desde el punto de vista de los hechos, ético, y jurídico, porque critican los dichos del juez en una convención constitucional que tiene por objetivo modificar ciertas instituciones del país, la Constitución. Sabemos que el Poder Judicial tiene una estructura tanto externa como interna que no les permite la imparcialidad que debe haber en todo juzgamiento judicial, porque desde el punto de vista externo los ministros de Corte son designados por terna o quina, según sea la Corte de Apelaciones o de la Suprema, a dedo sin un concurso objetivo por idoneidad profesional, y a eso hay que sumarle que esa terna o quina la elige el poder político, el poder ejecutivo, entonces para hacer carrera se necesita ser incondicional de algunos ministros que recibieron el favoritismo político. Desde el punto de vista interno, de la estructura jerárquica, ´colonial’ como lo ha dicho el juez Urrutia, es absolutamente efectivo porque la Corte Suprema ejerce la labor jurisdiccional y administrativa, lo mismo la Corte de Apelaciones con los jueces de inferior jerarquía y eso hace que los jueces tengan que fallar según el criterio de sus superiores jerárquicos para poder ascender, porque o sino pueden ser mal calificados.
Tengo entendido que en ese proceso de calificaciones no tienen derecho a conocer los fundamentos, entonces, ¿podemos hablar de imparcialidad con un tipo de justicia así? No. No les conviene a los políticos. En cuanto a lo que ha dicho el magistrado que el Poder Judicial ha servido como parte del dispositivo de represión, para avalar la represión a través de procesos basados con evidencias de poca calidad o directamente inventada por agente del Estado es efectivo, porque muchos de los procesos se han basado en declaraciones de Carabineros y para una condena debe haber una pluralidad de pruebas. No puede basarse en una policía que detuvo y además cometió actos represivos y más encima ejerce una labor de investigación. En este país, ni siquiera hay una labor de separación entre la policía que cuida el orden público y la que investiga.
Entonces en ese sentido lo que hizo el juez Urrutia es dar a conocer elementos que atentan con el buen funcionamiento del Poder Judicial imparcial en un Estado de derecho, que nos dé la seguridad a todos, porque la seguridad jurídica es importante en la democracia. Yo me siento segura jurídicamente cuando la ley va a ser aplicada en igualdad de condiciones para todos y no con favoritismos de un lado o para otro con fuerzas imparciales, que no importa en el caso de los desórdenes públicos por ejemplo, la condición política u opinión política. Aplicar la ley con las pruebas y una pena adecuada al caso.
Juez Daniel Urrutia
-En una parte de la denuncia se dice que los dichos del juez Urrutia son falaces ¿Qué piensa sobre este argumento en particular?
-El juez no está mintiendo, porque los recursos de protección sobre el uso de balines en Valparaíso se dieron lugar, y ahí bajaron un poco. Y la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó todos esos recursos. Si hubieran prohibido el uso de balines, ¿creen que habría tantos jóvenes mutilados ocularmente? Ahí hubo una omisión, porque no se ajustaron a los protocolos (Carabineros) que es cuidar el orden público, pero no castigar. Fue represión absolutamente alejada de los protocolos y las convenciones internacionales. Chile comete actos de repetición a pesar de todas las acciones de las cortes internacionales, y acá nuevamente están cometiendo un acto de repetición contra el juez desde la misma asociación, porque él ya ganó desde la Corte Interamericana de Justicia cuando criticó la labor del poder judicial durante la dictadura sobre los amparos que se perdieron y nunca dieron lugar respecto a detenidos desaparecidos. Entonces no podemos estar hablando de mentiras o de falacias. Es decir la verdad en una estructura como el poder judicial tan autoritario, colonialista, que no da garantías, pero no podemos generalizar, porque acá el juez Urrutia está hablando en general de la estructura del poder judicial, no está acusando a una persona determinada, o a alguien que nombró, habla del sistema.
-¿La critica no afecta al gremio?
-Una asociación gremial sirve para defender a sus asociados y a veces procurar, irse en contra de la institución para mejorar el prestigio de la institución, con cambios adecuados. La crítica del juez no afecta al gremio como asociados, sino que a la institución como Poder Judicial, porque los dichos del juez son para mejorar el Poder Judicial con reformas efectivas, que pueda recuperar toda esta pérdida de credibilidad y de servicio en el que ha incurrido en estos dos hitos que ha vivido la historia de Chile: La dictadura y el Estallido Social.
-¿Y usted cree que el Poder Judicial si actuó como dispositivo de represión durante el estallido social?
Sí, absolutamente. Pienso lo mismo que el juez: El Poder Judicial avaló la represión durante el Estallido Social.
La persecución
En medio de la conversación apura un cigarro y dice que le llama la atención que varios de los magistrados que firmaron la acusación son jueces de juzgados de familia, laboral y civil, a quienes no les afectan directamente las causas derechos humanos, punto central en la intervención de Urrutia. “Él se defenderá de esto, como abogada creo que están atentando contra su libertada de expresión y de opinión, eso es inconcebible en un Estado democrático y más un gremio, están también vulnerando su libertad de asociación al pedir su destitución. Tiene el derecho a tener una opinión diferente de una asociación gremial”, dice tajante.
Durante la exposición del juez Daniel Urrutia ante la Comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional, mencionó que “la actual Ministra de la Corte Suprema doña Rosa Egnem, encubrió el caso de la masacre de 19 obreros de la CMPC, ferroviarios y dos estudiantes de San Rosendo”. El 11 de septiembre de 1973, Egnem era secretaria del Juzgado de Yumbel y la magistrada titular Corina Mera, quien un mes después hizo uso de su licencia médica, dejó como jueza subrogante a Egnem. Al asumir el cargo recibió un parte policial de un oficial de Carabineros sobre el hallazgo de 18 cuerpos en el fundo San Juan, los que habían sido ejecutados días posteriores al Golpe Militar; lo que se denominó como la masacre de Laja. Los cadáveres correspondían a trabajadores de la Papelera CMPC, ferroviarios y estudiantes. Mera ordenó a Egnem guardar la denuncia en una caja fuerte, quien además borró del libro de ingreso la recepción del parte. Debido a esto, la inhumación ilegal no se investigó hasta 1978. Pese a confirmar su negativa de no investigar el caso a través de su declaración ante el ministro José Martínez, el nueve de octubre de 1979, la jueza no fue sancionada.
En el año 2013, Rosa Egnem asumió como ministra de la Corte Suprema, y siete años después fue designada como presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), mandato que duraría cuatro años.
-¿Cuál es la intencionalidad de la Asociación al desmentir los dichos del juez?
-Como decía Foucault cuando habla de la falacia: “las verdades, y si esas verdades afectan como un acto de libertad para mejorar la institución y visibilizar un problema, no van a faltar los aduladores a ese poder”.
-Sobre la defensa de Rosa Egnem, ¿Le llama la atención cierta arbitrariedad?
– Sí me llama la atención, porque aquí hay una escala de valores. porque están atacando a un juez que está criticando la estructura de un poder judicial que ha causado una pérdida de credibilidad, un desprestigio como institución, no a ellos como gremio, sino que a la estructura, y lo están atacando cuando su intención es mejorar el Poder Judicial, hacerlo más moderno, y están defendiendo a personas a las que se les acusa de atentar contra valores fundamentales, por ejemplo los derechos humanos como es el caso de Rosa Egnem, que obstaculizó una investigación, y en el caso de Vymazal que publicaron en este medio, en donde están los derechos fundamentales de los niños involucrados, en estos casos la ANM hace una defensa corporativa. Hay una contradicción, una incoherencia. La misión del gremio es velar por el prestigio de la institución, y para eso se debe luchar contra la institución misma a la que pertenece. Además, hay algunos puntos de la denuncia que lo tratan de una manera ofensiva (cita los puntos y su tweet).
Una persona que dice la verdad no se le puede decir que no se pretende hacer un manifiesto al perfil psicológico que subyace a tales conductas, este es un argumento ofensivo, impropio, no es un argumento razonable. Él critica el sistema del Poder Judicial, no a sus asociados, excepto cuando menciona el caso de Rosa Egnem, el que ya es de conocimiento público. Él (Urrutia) busca mejorar la estructura del Poder Judicial.
-En la denuncia queda claro eso porque insisten que el juez daña a la gremial ¿Están acusando al juez de un desprestigio que existía con antelación?
-El juez no está dañando la gremial, está hablando de la institución del poder judicial, porque hay que separar: una es el gremio que agrupa a los asociados, él está criticando la estructura del poder judicial y eso tiende a mejorar el prestigio del gremio. No le atribuye responsabilidad a los miembros del gremio, a ningún asociado determinado salvo la que mencionó y que ha sido públicamente criticada. Un gremio está para defender los derechos de los asociados, no a la institución misma y dentro de un gremio existe la libertada de expresión.
Lo que está haciendo el juez es transparentar ante una convención constitucional- para el mejoramiento del poder judicial-los problemas de estructura del poder y que de hecho han causado desprestigio y falta de credibilidad, eso daña una sociedad democrática, causa inseguridad, porque aunque le ley sea conocida, si no es bien aplicada (se queda en silencio). El mismo caso para cuando el juez aplicó la libertad para los 13 chicos encerrados por desórdenes públicos, la pena es bajísima, presidio menor en su grado mínimo, y si no tienen antecedentes deberían haber salido el mismo día. Entonces hubo un cambio de criterio, pero no cambió la ley, eso llama la atención. Él usó una facultad, también me llama la atención que la corte se haya reunido en pleno y terminado esa resolución sin un recurso, porque no tenía la facultad de revocar, tendría que haber sido a través de una apelación, entonces de que hablamos.
-¿Cómo se agrupan cincuenta jueces de manera espontánea, entre comillas, para hacer esta acusación?
-Llama la atención porque hay jueces de familia que no les afecta este tema. Es una persecución contra el juez, hablando claro, ninguno de ellos ha estado afectado-insisto- por los dichos del juez. Ni desde el punto de vista gremial ni otro.
-¿Este ha sido un procedimiento único respecto de lo ocurrido con el juez?
-En lo gremial ha sido un procedimiento único, pero han ocurrido situaciones desde el poder judicial mismo. No es todo el gremio, es un grupo.
-¿Usted sabe si desde la Agrupación Nacional de Magistradas y magistrados existió un contacto previo con el juez?
-No creo, esto tiene que ser sometido al Tribunal de Honor, si la acoge a tramitación o no y hay un plazo. Él se defenderá de esto, como abogada creo que están atentando contra su libertada de expresión y de opinión, eso es inconcebible en un Estado democrático y más un gremio, están también vulnerando su libertad de asociación al pedir su destitución. Tiene el derecho a tener una opinión diferente de una asociación gremial.
-Llama la atención, como usted dice, que no hayan reaccionado frente a la denuncia de la jueza Verónica Vymazal (hay una investigación por la desaparición de los antecedentes del caso de una niña, vulnerada bajo la protección del Estado), pero si hayan reaccionado a los dichos del juez Urrutia
-Al juez Urrutia lo están atacando respecto de su libertad de expresión; a la jueza por el ejercicio de su labor donde están involucrados los derechos de los niños. Es algo que genera desconcierto por su incoherencia. Defender la institución, es decir el gremio de magistrados, debería estar en contra de acciones que desprestigian el gremio, pero no las que intentan mejorar la institución.
-Pero hay una opinión respecto del actuar del Poder Judicial en medio del estallido social que es clara
-Yo tengo la misma opinión que el juez, que se pudieron haber evitado muchos abusos, como casos de trauma ocular, si se hubiesen acogido los recursos de protección del uso de balines. Es una forma de represión también el hecho de dejar privados de libertad con cautelares, que es de última ratio en delitos que tienen baja pena y con jóvenes sin antecedentes, repito a los que el mismo juez liberó de oficio, ejerciendo una facultad, además por razones humanitarias. Ahora ya nadie queda privado de libertad por desórdenes públicos.
-Pero hay acciones que se repiten, en las crisis de Sename por ejemplo, el Poder Judicial no responde, pese a que también es uno de los actores en el desastre del sistema de protección. ¿Pasa lo mismo en el contexto del estallido?
-Exacto, acá no estamos hablando de todos los jueces, hay jueces que ejercen su labor de manera bastante correcta, es una estructura y hablamos de dos tipos de jueces: los que quieren hacer carrera y los que actúan de acuerdo a su conciencia. La jueza Romy Rutherford, por ejemplo, que ha actuado respecto de la corrupción del Ejército, lo ha hecho de una forma excelente. No se puede generalizar, pero es una institución, hay que tratar de hacer cambios y que esa estructura debe dar garantías de un Estado democrático y garantías de imparcialidad, que los jueces puedan ejercer una carrera de acuerdo a la idoneidad profesional y no desde la sumisión. Deben criticar cuando no se procede bien en el caso de los derechos de los niños, pero no cuando un juez este criticando las falencias del poder judicial, falencias y actuaciones que han estado incorrectas en el ejercicio de la imparcialidad.
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