Ya llevamos casi dos años conviviendo en pandemia y el número de embarazos aumentó y la pregunta es si fueron planificados o deseados. Hay diferentes factores socioculturales, emocionales, económicos, de políticas públicas, entre otros, que podrían llevar a producir un efecto “Baby boom” pandémico. Este tipo de acontecimientos que incrementan la tasa de natalidad han ocurrido siempre a lo largo de la historia, cada vez que nos enfrentamos a una crisis humanitaria, más si es a nivel mundial.
Muchos y muchas podrían estar contentos por ello y decir que los hijos siempre serán bienvenidos en el mundo o son un “regalo”, pero en la práctica un baby boom pandémico no debería ser visto como un evento positivo. La mayoría fueron y serán embarazos no deseados y en Chile, particularmente, esto deja en evidencia las fallas presentes en las políticas públicas que no han garantizado el correcto acceso a la salud sexual y reproductiva de la población.
Es necesario recordar que durante el 2020, en plena pandemia, ocurrieron una serie de errores y negligencias que dificultaron el acceso a métodos anticonceptivos para personas con capacidad de gestar, entre ellos las fallas en anticonceptivos de diferentes farmacéuticas, que llevaron a la generación de cientos de embarazos que sí tenían una planificación familiar, que sí se estaban cuidando y que consideraban que en sus vidas debían tener un número exacto de hijos, incluso si ese número era cero.
La planificación familiar es uno de los Derechos Sexuales y Reproductivos que debe ser garantizado por el Estado de Chile. Sin embargo, es habitualmente la población más vulnerable la que ve cómo este derecho pareciera no corresponderles. Estas personas con capacidad de gestar son las que reciben anticonceptivos gratuitos (que tuvieron errores en su composición), las que en algunos casos deben vivir episodios de violencia sexual al interior de sus hogares y no cuentan con los recursos para decidir sobre sus propios cuerpo una vez que el test de embarazo sale positivo. Estas personas y adolescentes deben ser protegidas y protegidos por una institución que las ha defraudado no solo en términos de seguridad, sino también de salud y, estadísticamente, no podemos ignorar que además los embarazos no planificados pueden llegar a empeorar su situación económica si las familias carecen de recursos.
Los sistemas que debían sostener su decisión de vida son los que fracasaron otra vez y, al mismo tiempo, los que no se hacen cargo de las consecuencias de sus errores. No se debe romantizar la maternidad pandémica o no planificada, lo correcto es preocuparse de los deseos y de las situaciones en que vive la población afectada, ver desde un punto sanitario el cómo mejorar para responder correctamente ante sus necesidades.
Cuando ocurren este tipo de situaciones es inevitable preguntarse ¿quién responde? Una compensación monetaria no repara la carga con la que cientos de personas deberán lidiar por el resto de sus vidas, una carga que debe crecer en un buen entorno, alimentarse, educarse, entretenerse, llevar una buena salud, entre otras cosas propias que se deben tener en consideración al momento de traer un nuevo ser humano al mundo y que no todos pueden o quieren llevar.
Las graves fallas y problemas en los métodos anticonceptivos, la despreocupación del gobierno y las políticas públicas ineficientes, han provocado una sensación de angustia, de inseguridad y de injusticia en las usuarias y usuarios que también han experimentado una fuerte crisis de confianza hacia el sistema de Salud.
Por lo anterior surge con mayor fuerza la idea de contar en Chile con una ley de aborto legal y seguro, ya que la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, no solo es insuficiente, sino también expone a las personas con capacidad de gestar a tomar la decisión de recurrir a un aborto clandestino, capaz de poner en riesgo sus vidas si es que no cuentan con los medios para atenderse en una clínica privada con todas las medidas de salubridad y confidencialidad posibles.
En estas últimas semanas se ha estado discutiendo en el Congreso un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación. Detrás de esta iniciativa hay diferentes organizaciones e instituciones, como la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, que busca avanzar en una sociedad que garantice el cumplimiento de los derechos mencionados.
Como profesionales de la salud no buscamos que incrementen los abortos, sino que nos enfocamos día a día en educar e informar a la población sobre todas las opciones que tienen disponibles para planificar su vida. Sin embargo, lo que podamos hacer será siempre insuficiente si no contamos con un sistema que cumpla, que esté a la altura, que se interese y se involucre, que sea un actor y no un espectador.
Por poner un ejemplo, en pleno periodo de pandemia, el incremento en el número de embarazos no se debía necesariamente al aumento de actividad sexual, ni de fertilidad, ni tampoco a la intención de tener hijos por parte de las familias, sino a que disminuye el acceso a los métodos anticonceptivos, a que incrementa la violencia intrafamiliar y la violencia sexual que queda en el más absoluto silencio. Todo esto ocurrió ante la indiferencia del Estado y de los privados. Sin duda quedó desprotegida la salud sexual y reproductiva de cada persona en Chile con capacidad gestar. Hoy es hora de hablar del tema y de cambiar el futuro de tantas mujeres, personas y niñas.
