El primero de abril la Corte Suprema ratificó el fallo que suspende durante tres meses a Luis Barría Alarcón, Juez Titular de Rancagua, acusado de acoso sexual y laboral hacia las trabajadoras del Juzgado de Garantía de la ciudad. Tocaciones, comentarios lascivos y besos sin consentimiento fueron los hechos denunciados por primera vez a la prensa en septiembre del 2020. Este medio contactó a cuatro de las víctimas, quienes contaron el calvario y el hostigamiento que han vivido. En total serían ocho las mujeres afectadas, durante los 17 años que el juez ha estado en el tribunal.
Es la tarde del martes dos de febrero del 2021, y en Rancagua dos mujeres están expectantes. Revisan sus correos electrónicos una y otra vez, en espera del fallo de la investigación por acoso sexual en contra de Luis Barría Alarcón, magistrado del Juzgado de Garantía de Rancagua. Les duele el estómago, tienen flashbacks de las tocaciones de las que fueron víctimas. A una de ellas, le tiemblan las manos humedecidas. A pesar de estar conformes por haber denunciado el tema a la prensa, sospechan que el resultado será favorable para el Juez Titular, quien las agredió sexualmente durante 17 años en el recinto judicial.
Luis Barría (51) es un reconocido magistrado de la sexta región, por su participación en importantes casos a nivel nacional como CAVAL, la formalización por el delito de violación al ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, y la causa de los ex Ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Debido a esa brillante carrera, las víctimas temían una sanción insatisfactoria. Y no se equivocaron.
“Sancionar disciplinariamente al sumariado Luis Barría Alarcón, Juez del Juzgado de Garantía de Rancagua, con la medida única de suspensión de funciones por el plazo de tres meses”, explica el documento enviado por la Corte de Apelaciones de la ciudad a través de un correo electrónico.
“L”* y “A”* tomaron la noticia con decepción, pero por sobre todo con temor, ya que tienen la certeza que las denuncias tendrán como consecuencia represalias contra ellas, y quienes las apoyaron durante el sumario administrativo.
-Me dio pena, todo esto es una burla, es como si nosotras fuéramos basura y que cualquiera puede venir a tocar nuestro cuerpo. Él lo va a seguir haciendo. Es alguien enfermo-, confiesa “L”.
A pesar de que el acoso sexual de Luis Barría hacia las funcionarias del Juzgado era un tema recurrente en las conversaciones de las trabajadoras, solo se denunció de forma anónima en julio del 2020.
“Afirmamos que hemos sido víctimas y hemos visto directamente tocaciones, encerronas y actos de abuso sexual, además de palabras y expresiones de acoso sexual, tocaciones en partes íntimas y hostigamientos constantes que se realizan en el interior de nuestro lugar de trabajo, hasta antes de salir de el a causa de la pandemia (…) El nombre del Juez es Luis Barría Alarcón, quien incluso aparece en las cámaras internas tocando a las funcionarias en su trasero y otras partes de su cuerpo, las que han sido borradas por la Jefatura, a quien se le ha señalado tales hechos y saben de aquello y nada hacen para denunciarlo”, se lee en el correo electrónico dirigido al Poder Judicial de Rancagua el 27 de julio del 2020 y que luego fue derivado a la Corte Suprema.
En el mensaje también se adjuntó la fotografía de un chat de Facebook, el que reveló que Barría “agarró” el calzón de una funcionaria en el hall del Juzgado. El hecho quedó registrado en una de las cámaras de seguridad del lugar. Sin embargo, las víctimas denuncian que las imágenes fueron eliminadas desde la Administración.
Debido a esta denuncia anónima, el siete de agosto del 2020 la Corte de Apelaciones de Rancagua, inició un sumario administrativo para acreditar el acoso sexual y laboral del magistrado hacia las funcionarias.
Uno de los primeros en declarar en la investigación fue el administrador del Juzgado de Garantía de Rancagua, Rodrigo Valenzuela, quien se desempeña en el cargo desde hace seis años. El profesional dijo que nunca recibió una denuncia, reclamo formal o comentario de alguna funcionaria con respecto al acoso sexual por parte del juez Barría. Pero, aquello fue desmentido por un profesional cercano a la investigación.
-Algunas funcionarias que fueron acosadas por Luis Barría le reclamaron a la administración, pero Rodrigo Valenzuela jamás formalizó algún reclamo verbal, a pesar de estar al tanto de lo que estaba ocurriendo en el Juzgado (…) El administrador se encarga de ridiculizar el dolor de las víctimas en cada reunión, a una en particular la trata de “la loca” porque habló-, explica. Además agrega que Valenzuela ha forjado parte de su carrera como funcionario de la Corte de Apelaciones de Rancagua y Valparaíso.
Este medio se contactó con cuatro víctimas del caso quienes aceptaron entregar sus testimonios desde el anonimato por el hostigamiento del que han sido víctimas en los últimos meses. La cifra de trabajadoras acosadas por el magistrado ascendería a ocho durante 17 años.
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Según antecedentes revelados durante el sumario administrativo, algunas de las actitudes más recurrentes de Barría hacia sus víctimas fueron tocaciones de senos y glúteos. Incluso en una oportunidad, luego de tocarle los glúteos a una funcionaria en una oficina, la mujer estalló en llanto frente a sus compañeras. Sus colegas le recomendaron conversar la situación con su jefe directo, pero al desconocer el conducto regular, no pudo realizar un reclamo formal. A pesar de la revictimización, la mujer tuvo que seguir trabajando cerca de su agresor.
“La declarante cuenta que vio muchas cosas, fue testigo de oídas, que luego intentó ser protectora de sus compañeras nuevas, les contaba su historia para que tuvieran cuidado y no se dejaran tocar (…) Recuerda que tuvo muchos conflictos con sus jefes por la situación, porque era normal escuchar a los compañeros y a los jefes decir que a las funcionarias les gustaba esto porque ninguna denunciaba, pero aclara que a ella no le gustaba”, se lee en la declaración de una de las víctimas que participó en la investigación, y al que este medio tuvo acceso.
Para “A” el sumario fue complejo, ya que tuvo que recordar los ataques sexuales que vivió por parte del magistrado, y los que presenció en los pasillos del juzgado, en donde era frecuente ver a Barría acechando y acorralando mujeres.
-Fueron múltiples (ataques), a algunas les decía comentarios inapropiados con características sexuales, a otras nos tocaba sin nuestro consentimiento en los senos, trasero y hasta besó a la fuerza a una de nosotras-, relata.
Este último hecho ocurrió en agosto del 2018, cuando una funcionaria que realizaba actas de audiencias, fue besada a la fuerza por Barría, quien se fue de la oficina mientras la mujer estaba en estado de shock. Aquella situación fue considerada de carácter grave durante la investigación.
“J”*, otra denunciante, recuerda que Luis Barría la saludaba apegando su cuerpo. También le gustaba tocar los sostenes por sobre la ropa, y hacer un intento de desabrocharlo, mientras le acariciaba la espalda. Además hacía comentarios lascivos como “Esta tiene bueno el puro poto”, “Que estás rica”.
Por este tipo de actitudes, los funcionarios del tribunal lo apodaron como “Pulpo Paul”. Para las trabajadoras era común escuchar bromas entre los hombres aludiendo los acosos de Luis Barría, y normalizando la situación.
-Nos dimos cuenta que esto no era normal cuando lo veíamos entrar a la sala de audiencias y en las trabajadoras provocaba angustia y temblor-, recuerda “O”*, una cuarta víctima.
Esta violencia sexual provocó que una funcionaria pidiera cambió de tribunal para no seguir compartiendo con Barría, otra alejó su escritorio para mantener distancia con el magistrado y así evitar sus tocaciones. En tanto otras funcionarias debieron recurrir a ayuda psicológica y tratamiento psiquiátrico para seguir trabajando en el juzgado.
Siempre existió temor de denunciar a Luis Alarcón Barría por sus influencias al interior de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Incluso en parte de las declaraciones archivadas en el expediente de la investigación, se menciona la relación cercana entre Rodrigo Valenzuela, administrador del tribunal, y Barría. Valenzuela es quien influye en la toma de decisiones de la administración del Juzgado de Garantía.
“Trate que mis jefes abrieran los ojos, se lo manifesté a don Rodrigo hace muy poco en una reunión en la que estaba presente don F.G y E.C, le dije que don Luis no era un juez correcto, no me preguntó ni siquiera porque yo decía eso, ni mucho menos trato de averiguar, su solución fue que lo llamáramos a él y que “E” y yo le dijéramos nuestras quejas hacia su persona en su cara (…) Le dijimos que no, por considerar que no correspondía y nos pidió hacer un acuerdo de caballeros, de guardar silencio de lo que ahí conversamos”, se lee en una carta de una funcionaria del ocho de septiembre del 2020 dirigida a los magistrados del Poder Judicial de Rancagua.
A través del sumario apareció otro nombre como protector de Luis Barría Alarcón: Michel González, ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua. A pesar de estar inhabilitado en la investigación por conocer los antecedentes, declaró como testigo a favor del Juez Titular el cuatro de septiembre del 2020, en donde afirmó desconocer los hechos narrados en la denuncia anónima, y que conocía muy bien a Barría porque trabajaron juntos durante 14 años.
-Michel González ha apoyado fervientemente a Barría y a pesar de estar inhabilitado es ofrecido como testigo de Barría y se entrevista con las víctimas quienes le rogaron ayuda llorando en una visita de inspección. Él se las prometió y nunca llegó. Tanto Barría, Michel y el administrador aparecen en varias fotografías que mantienen funcionarios en actitudes poco morales desde hace años. Esta triada funciona como una suerte de cofradía. Se apoyan para mantener impunidad-, explica una fuente cercana a la investigación, y quien pidió resguardar su identidad debido al hostigamiento que ha sufrido en estos últimos meses.
Además, comenta que el apoyo de Michel González a Barría es un indicio de que la Corte de Apelaciones de Rancagua también lo resguarda, ya que tiene influencia en la jurisdicción y en la Corte Suprema, mientras que las fotografías que circulan entre los funcionarios demuestran que lo defiende no porque los hechos sean falsos, sino porque al igual que Barría, tendría las mismas actitudes hacia las funcionarias.
Este medio tuvo acceso a las imágenes, en las que aparece el ministro Michel González tomando con su mano el rostro de una funcionaria y mordiendo su mejilla, durante una celebración de fiestas patrias. En las otras fotografías, aparece Luis Barría tocando las cinturas de dos trabajadoras, y dando de beber de su vaso a una mujer.
González no fue el único testigo que declaró a favor del magistrado. Otros 17 funcionarios de distintos recintos judiciales del país declararon como testigos de Barría, en los que destacan Cristian Aránguiz, periodista de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Nancy Bluck, Ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción, Marta Pinto, Ministra de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Sergio Moya, Fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente de Santiago y Rodrigo Valenzuela, administrador del Juzgado de Garantía de Rancagua, quienes prestaron testimonio entre el 14 y 21 de diciembre del 2020.
Luis Barría y Cristian Aránguiz
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Según el Informe final de la investigación, Barría solicitó su absolución el 20 de octubre y afirmó que los hechos denunciados eran falsos y que fueron malinterpretados, tergiversados, magnificados y que jamás ocurrieron.
“Afirmo que no he cometido las conductas reprochables o sancionables que en los cargos formulados se describen: no ha realizado gestos ni piropos lascivos, ni tampoco incurrido en acercamientos o contactos físicos innecesarios que obedezcan a requerimientos de carácter sexual que hayan afectado a las funcionarias”, se describe en el documento.
Para el grupo de funcionarias no fue fácil denunciarlo, ya que revelan han sentido miedo de perder sus trabajos o de recibir amenazas por dar a conocer el caso a la luz pública. Incluso confiesan que un funcionario del tribunal recibió una amenaza por apoyar a las víctimas. Audio al que este medio también tuvo acceso.
-Ha sido fuerte el acoso laboral que hemos sufrido algunas. Ninguna de nosotras pensó que sus amigos tomarían represalias por él. Seguimos siendo víctimas hasta la fecha. Nadie ha hecho nada por nosotras a pesar de que pedimos ayuda. Es una lucha incansable por justicia(…) Nos abrieron un sumario. Eso es muestra de que nos están castigando por denunciar-, comenta “A”.
Como consecuencia de estas situaciones debieron buscar ayuda psicológica y psiquiátrica, han padecido de crisis de pánico, depresión y angustia. Incluso, una de las víctimas presentó ideaciones suicidas. Además sufrió descompensaciones y está recibiendo medicación.
La mujer confirma que Barría interpuso una denuncia en contra de las funcionarias por relatar su experiencia a los medios de comunicación. Acusó una “una infracción a la prohibición de divulgar información”, la que fue presentada por el mismo Barría el 23 de noviembre del 2020.
Finalmente la Corte de Apelaciones de la ciudad resolvió sancionar al magistrado solo con tres meses de suspensión con goce de medio sueldo, más la medida del traslado de tribunal para proteger a la víctimas, falló que fue ratificado por la Corte Suprema el pasado primero de abril, a pesar de que fueron acreditados los hechos denunciados por las funcionarias.
-El fallo del Pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua es un tremendo retroceso en temas de género al interior del poder judicial. La Corte de Apelaciones da acreditados todos y cada uno de los hechos que fueron denunciados (…) pero, a pesar de todo aquello lo premia rebajando la sanción propuesta por el fiscal judicial y además, sugiere que sea trasladado a uno de los Juzgados Civiles de Rancagua en donde la dotación son el 80% mujeres lo que provoca un sinsentido (…) Lo resuelto por la Corte es perjudicial para cualquier víctima al interior del Poder Judicial, ya que desincentiva las denuncias y mantiene la impunidad de quienes perpetran este tipo de conductas-, afirma Katherine Villagra, abogada de dos de las víctimas.
También confirma que las denunciantes se enteraron del dictamen de la Corte Suprema por la prensa, sin ser notificadas antes.
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El caso del Juez Barría no es un hecho aislado al interior del Poder Judicial. El cinco de octubre del 2020, la Corte de Apelaciones de Antofagasta abrió una investigación en contra de Marcelo Urrutia, funcionario del Primer Juzgado Civil de la ciudad, por hechos constitutivos de acoso sexual cometido hacia una funcionaria.
“El día 22 de septiembre de 2020, en el contexto de su capacitación laboral en el Primer Juzgado Civil de Antofagasta, en determinado momento el denunciado comenzó a conversar de forma explícita sobre temas de índole sexual (…) lo cual le causó extrañeza y una profunda incomodidad (funcionaria). Posteriormente, durante el mismo día, y previo requerimiento del denunciado, ambos se dirigieron a la bodega del Tribunal para buscar una custodia, donde el denunciado se le aproximó y trató de besarla, lo cual logró evitar”, se lee en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de febrero del 2021. Como consecuencia de esta situación, se decidió la remoción de Marcelo Urrutia.
Otro caso es del Juez del Primer Juzgado de Letras de San Fernando, Pablo Aceituno, quien fue investigado en el año 2019 por la denuncia de una funcionaria por acoso sexual y laboral. En enero del 2020 la Corte Suprema ratificó la sanción de traslado al Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, pero manteniendo el mismo cargo, debido a que no se pudo abrir un cuaderno para analizar la posibilidad de remoción (asistieron solo cinco ministros de un total de 18).
Desde la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados publicaron un comunicado refiriéndose a la suspensión de Luis Barría Alarcón: “Hemos manifestado reiteradamente nuestro rechazo a toda forma de lesión a la dignidad humana y a lo que catalogamos como una ‘cultura de acoso sexual’, en la que las víctimas encuentran una respuesta reparatoria insuficiente frente al daño sufrido, y los agresores se sirven de un diseño institucional caracterizado por la jerarquía (…) Nos oponemos al traslado de los agresores”.
En febrero de este año dos de las denunciantes presentaron una querella criminal por el delito de abusos sexuales reiterados en contra de Luis Barría.
-Mi familia ha sufrido mucho, porque me destruyeron la vida. Nos ha tratado de mentirosas (Barría) y nos ha querido involucrar con personas acusadas de ser corruptas, todo por decir la verdad. Luego de salir en la prensa él se enojó y fue a pedir que nos castigaran. Es horrible que tenga tanto poder como para pedir que silencien a víctimas de abuso sexual-, confiesa ‘L’, antes de despedirse vía telefónica.
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* La Otra diaria se contactó con la Corte de Apelaciones de Rancagua desde donde declinaron referirse al tema hasta no obtener una respuesta oficial de la Corte Suprema.
