En el módulo 12, Vicente Contreras se encuentra en prisión preventiva desde el 29 de marzo del año pasado por supuesto porte y lanzamiento de bombas molotov. El joven de 21 años fue acusado de tres delitos que finalmente se redujeron a uno. En la audiencia del cinco de enero la magistrada decidió no cambiar la medida cautelar y seguirá en Santiago Uno a la espera de un juicio. Según el abogado de la familia, todas las pericias químicas y morfológicas prueban que es inocente. “A mi hijo lo condenaron anticipadamente”, denuncia Carolina Hermosilla.
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09/02/2022
La tarde 29 de marzo la hija mayor de Carolina Hermosilla (41) tuvo contracciones que le avisaron que ya era hora de salir rumbo al hospital Hospital Padre Hurtado. Todos en la familia corrieron nerviosos de un lado a otro dentro de la casa. Entre los que no pudieron ir con ella estaba Vicente (21), el segundo de los hermanos y el único hombre de la familia después de su abuelo materno.
Horas antes había avisado que estaría en las protestas por el Día del joven combatiente con algunos amigos. Era algo usual que participara en esas marchas. Él y su familia completa también fueron casi todos los viernes a Plaza Dignidad durante el estallido.
En algún momento de la noche una multitud se acercó a la comisaría Mauricio Rivera López, ubicada en Avenida Cardenal Raúl Silva Henríquez en la comuna de la Granja. En el grupo participaba Vicente.
Empezaron los gritos, los piedrazos y los lanzamientos de bombas molotov. Al mismo tiempo en el hospital se extendía la labor de parto de su hermana. Vicente nunca llegó acompañarla.
-Yo salí a las cinco y media, porque el trabajo de parto demoró más y el hospital estaba cerrado por cuarentena. Había toque de queda. Cuando llegue a la casa mi hija Fernanda (23) me abrió la puerta y me preguntó si Vicente me había llamado, le contesté que no. También llamamos a Gisel, la esposa de Mario, el amigo de Vicente. Tampoco sabía nada. Ahí pensamos que los dos estaban detenidos, pero quizá solo por desórdenes, que saldrían de inmediato-, recuerda Carolina.
En una primera entrevista por video llamada, Carolina repasa los hechos con más detalle. Todo comenzó cerca de las 22:20 de la noche, durante las manifestaciones que llegaron hasta la tenencia. En ese momento una bomba molotov habría sido lanzada hasta el perímetro de la unidad policial. Al encenderse, un segundo artefacto cayó en el techo de la comisaría. La botella de la molotov se habría quebrado y solo se prendió el combustible, no hubo incendio en el cuartel policial.
En medio de la confusión, Vicente fue detenido. Lo acusaron como autor consumado por tres delitos, porte y lanzamiento de artefactos incendiarios del tipo molotov, previsto y sancionado en la Ley sobre control de armas, e infringir el toque de queda.
Finalmente en una audiencia realizada el cinco de enero de 2021 todo se redujo a un solo delito: lanzar la molotov que explotó en el patio de la tenencia de Carabineros. En esta misma instancia la Fiscalía Metropolitana Sur solicitó mantener la medida cautelar de prisión preventiva, basados en las declaraciones de los carabineros y una comparación fotográfica entre una imagen de video y la imagen de Vicente después de que fue detenido.
El Tribunal concluyó que no podían darle la libertad y que además existía peligro de fuga.
El problema, según explica Carolina, es que la pericia química de hidrocarburos dio como resultado que a Vicente no le encontraron restos de bencina en sus manos, un examen al que su hijo accedió voluntariamente asegurando que él jamás lanzó una bomba molotov.
El parte policial y la Fiscalía dicen que Vicente habría lanzado una segunda bomba que no estalló, antecedente que se encuentra también en la carpeta de investigación. Su madre duda de la veracidad de esta acusación.
-¿Por qué no existe una pericia de huellas dactilares de esa botella que acredite que Vicente manipuló la bomba? A mi hijo lo condenaron anticipadamente-, se pregunta y se responde Carolina.
En el módulo 12, sin pruebas ni antecedentes
El abogado Miguel Yáñez, especialista en Derechos Humanos y querellante en el caso de Fabiola Campillai, fue contactado por la familia de Vicente Contreras a mediados del año pasado a través de la Coordinadora de Derechos Humanos de Providencia. Luego de investigar el caso, asumió el relevo de la defensa particular del joven.
Fue el mismo Yáñez quien de inmediato pidió realizar un informe con nuevas pericias exhaustivas: el examen de huellas dactilares en base a la evidencia de la segunda botella molotov que no estalló y un análisis morfológico de los fotogramas de la noche en que ocurrió la manifestación. Pese a que esta última dice que las zapatillas del video se parecen a las que llevaba puesta Vicente al momento de la detención, ambas pruebas concluyeron lo que menciona su madre: no se puede asociar al joven con los hechos que se le imputa.
El abogado defensor asegura que los únicos argumentos de la Fiscalía Metropolitana Sur, a través del fiscal Claudio Orellana, para sostener los cargos contra Vicente Contreras, son la declaración de los carabineros que dijeron haber estado observándolo desde antes, y la comparación de las zapatillas que usaba el joven esa noche con las que aparecen en los fotogramas. Pese a que el análisis morfológico detallado concluye que no es posible asociar a Vicente con la persona que aparece en el video. Para Yáñez, en cambio, la conclusión de las pericias científicas que se realizaron son irrefutables.
-Es un fiscal que está mandatado para ejercer una persecución de carácter muy arbitraria en contra de los jóvenes que se manifiestan. Y, de hecho, es poco objetivo por mantener la prisión preventiva, sabiendo que hay pruebas que evidencian que Vicente no participó en el delito (…). El debido proceso implica respetar el principio de inocencia y a Vicente se lo ha tratado como culpable durante todo el proceso, siendo que hay pruebas que dicen que no participó del delito-, comenta el abogado.
Además Yañez se refiere al abuso de la prisión preventiva después del llamado 18O y de la modificación a la Ley 18.216 que tuvo como resultado la salida de varios de los llamados “presos de la revuelta”.
-La prisión preventiva para los chiquillos que están siendo imputados por lanzamiento de bombas molotovs o incendio fue un medio de castigo político del gobierno de Sebastián Piñera, él dio una señal a las personas que protestan mostrando que por el solo hecho de hacerlo pueden ser encerrados. Muchos de ellos, como en el caso de Vicente Contreras, han estado un año o casi dos con el parte policial y sin otras pruebas en prisión preventiva, solo con el argumento de que ‘son un peligro para la sociedad'(…) Lamentablemente el 25 de enero también se publicó una modificación a la Ley de Control de Armas que les permite optar a una pena sustitutiva en el caso de lanzamiento de bombas molotovs, pero para salir en libertad deben reconocer su participación en los delitos aunque sean inocentes, es decir quedarán con sus papeles “manchados”. Esto podría ser una estrategia del gobierno de Piñera para no tener presos políticos al dejar su mandato-, confirma Yañez.
La madrugada del 30 de marzo del 2021 Carolina con Gisel comenzaron la búsqueda de Vicente y de Mario en cada una de las comisarías cercanas. Hasta que dieron con el paradero de ambos, estaban en una tenencia de la comuna de La Granja. Un amigo de ambos les había dejado algo de comer. Carolina pensó que saldría ese mismo día, pero a su hijo lo dejaron detenido.
Pasaron quince días antes que tuviera alguna otra información sobre Vicente. Todo el país estaba bajo una estricta cuarentena y no había visitas en el módulo 12 del penal Santiago Uno, el mismo donde se encuentra la mayoría de los “presos de la revuelta”. Cuando se reestablecieron, Vicente le pidió encarecidamente a su familia que no lo visitaran.
-Desde que “cayó” solo nos comunicamos con él por celular y video llamada. Dice que es muy fuerte y quiere protegernos, que va a quedar mal, porque ve lo que le pasa a sus compañeros del módulo 12 cuando van a verlos sus mamás, sus hijos o parejas-, dice.
Todos los sábados Carolina va dejarle una encomienda. Sale de su casa a las seis y media para tomar la micro mientras carga una bolsa de dulces, galletas y ropa. “Lo poco que dejan entrar”, reclamará luego.
Ella trabaja de mucama en un hotel del barrio alto y solo tiene un día libre a la semana. Por eso, cuando su horario se topa con el día de visita, su hija menor la reemplaza. Le gusta ir, se lleva bien con los otros familiares de los presos, quienes son un grupo unido desde hace dos años.
La defensa del joven realizó un informe que demuestra el arraigo social y laboral de Vicente.
-Todos los jóvenes que están presos son distintos y a la vez iguales, solo hay un caso de un niño que estuvo en el Sename, sin estigmatizar a los jóvenes que han pasado por ahí, pero lo que quiero decir es que la mayoría de los presos son hijos de madres y padres trabajadores y presentes, no somos delincuentes ni violentos-, enfatiza.
La desigualdad
Antes de la detención, Vicente estaba empleado en una constructora en la edificación de casas cerca de Farellones. Mucho antes fue empaquetador de supermercado después de terminar la enseñanza media en la escuela nocturna Liceo Municipal Poeta Pablo Neruda. El joven aportaba dinero a la casa. Carolina está separada hace diez años y por eso todos colaboran para los gastos mensuales.
-Somos dos hermanas, mis hijos son cuatro y él es el único hombre, es regalón de sus hermanas, de sus abuelos, es regalón de todos. Viven todos en la familia materna, mi hija Fernanda tiene 23, Vicente 21, Antonia 18 y Raffaela 15-, dice.
Carolina recuerda que las veces que fueron a Plaza Dignidad a protestar, ella tuvo destellos de miedo que le hicieron pensar en el riesgo que corría su hijo. Sabía sobre los casos de la revuelta y apoyaba a los familiares de los presos. Hasta que un día le tocó a ella.
Dice que adentro los jóvenes y adultos presos se han hecho amigos, “que si pelea uno, pelean todos”. Que en ese módulo y en el encierro, quizás con una perspectiva diferente de la desigualdad, cada uno se ha conectado con el otro a partir del dolor. A veces hay días en que su hijo se pierde en un estado de cansancio y hastío. Hojea libros prestados, mangas y mata el tiempo con juegos de mesa.
– Yo tenía un presentimiento de que un día le podía pasar algo a Vicente. Con mis primos fuimos casi todos los viernes a Plaza Dignidad y si mi hijo se separaba un poco de nosotros, y agarraban a un cabro, siempre estaba el miedo de que fuera él. Lo peor es que el riesgo estaba cerca de la casa. En ese tiempo ya estaban agarrando a cualquier cabro que fuera a protestar, lo seguían, se los llevaban y así pasó también lo de Nicolás Piña-, comenta.
Paul González y Fabián Aguayo son dos jóvenes amigos de Vicente. Ambos tienen 21 años. Lo describen como un “buen amigo” y políticamente lo posicionan como alguien crítico con la desigualdad a la que ha estado expuesto toda su vida, pese a que toda su familia es trabajadora.
-Es cosa de caminar por el pasaje donde vive “el Vicho”, o donde vivimos nosotros, para darse cuenta que es una realidad totalmente diferente. En un barrio en Providencia, Ñuñoa, Las Condes, no ves casa por medio traficando (…) Aquí uno camina por las calles y no ve árboles, las calles están rotas. Vas para las plazas y están los drogadictos, los pasteros de siempre-, confiesa Paul. También vive en La Pintana.
Ambos recalcan que quieren que su amigo salga de la cárcel. Les preocupa que esta experiencia lo cambie, como han visto en otras personas de su barrio. Dicen que él nunca ha sido una persona que se mete en problemas.
-Lo único que queremos es que el Vicho vuelva a la casa, aunque esté con arresto domiciliario, pero que esté en su casa -dice Fabián.
-Está perdiendo toda su juventud ahí (…). Son años que nunca va a recuperar – agrega Paul.
El viernes 29 de enero Carolina llega a una segunda entrevista en un café de Providencia. Viste jeans y polera negra, el rostro deslavado le otorga un aire infantil. Pide un jugo y comenta que en una hora los familiares de los presos se juntarán en Plaza Dignidad para luego ir a “La Moneda chica” para insistir en la aprobación del proyecto sobre el indulto, que se retomará en marzo.
Horas más tarde las noticias informan sobre incidentes en “La Moneda chica”. Algunos manifestantes fueron apuntados con escopetas antidisturbios por dos policías de investigaciones y el video se toma las redes sociales.
En un mensaje de WhatsApp, Carolina aclara que ella está bien y que en ese momento los familiares ya se habían retirado.
Tiene el rostro cansado, con gestos delicados muestra las fotos de sus hijos en el celular. Una anciana de pelo blanco se acerca a las mesas, vende mascarillas por una cooperación. Carolina la observa de lejos mientras registra sus bolsillos.
En algunos momentos se queda con la vista clavada en teléfono y a veces mira hacia ninguna parte.
-A mí hijo obviamente no lo beneficia el indulto, porque no ha terminado su proceso penal y por la fecha, pero estamos por las demás mamás también. En el módulo 12 está Matías Barrocal, mi Vicente y Nicolás (Piña), entre otros. En ese último caso nos movimos por todos lados para que saliera. Al final no pudimos juntar la plata para su fianza y eso que estuvimos muy cerca de los ocho millones de pesos, pero la magistrada dijo que no era justo para las víctimas que él saliera en libertad. Ese caso fue un completo montaje-, explica.
-¿Cuáles son las desigualdades que los marcaron como familia?
-Vicente a veces me decía que por qué teníamos que ser tan pobres, si nos sacábamos la cresta trabajando y nos levantábamos temprano. En nuestra familia como somos casi puras mujeres, él era el encargado de hacer todas las cosas que no podíamos nosotras. Vivimos en La Pintana, en la población Santo Tomás. Acá estamos abandonados. Para trabajar, yo tomo tres micros y el metro, por ejemplo-, dice.
Finalmente se da un tiempo para reflexionar y revela que tener “un hijo preso” debe ser los más difícil de enfrentar para un familia. “No saber si tiene hambre, frío o si lo pueden herir”, comenta. Para estar más tranquila toma flores de Bach que le recomendaron algunas jóvenes feministas que la están apoyando en el proceso. Hace una pausa y se detiene un rato en la conversación.
-El Año Nuevo no quise celebrarlo. Preparé la cena y comí, pero después me fui a acostar. No quería nada de nada, yo solo quiero que mi hijo vuelva a la casa- , confiesa y toma un sorbo de jugo para aclarar la voz.
*La Otra diaria se comunicó con la Fiscalía Sur y esta fue su respuesta:
“De acuerdo a lo informado por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Sur, en dicha causa existen suficientes antecedentes para acreditar la existencia del delito de arrojamiento de artefacto incendiario, y a su vez, para acreditar la participación del imputado en el mismo, antecedentes que se han debatido en las distintas audiencias, en las cuales se ha confirmado la resolución tanto en Juzgados de Garantía como en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. La causa está acusada y con audiencia de preparación de juicio oral fijada para el día 29 de marzo”.
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