Una década duró el proyecto educativo intercultural Liceo Politécnico Pailahueque, ubicado en la comuna de Ercilla. Aquel espacio era un lugar con una extensión de 40 hectáreas, en las que se contemplaba realización de ceremonias, juegos deportivos culturales como el palin y también canchas de futbol y tenis. El proyecto intercultural tenía como objetivo un proceso de aprendizaje lingüístico e identitario con cerca de 180 estudiantes, pertenecientes a las regiones de La Araucanía y Biobío. Todos adolescentes de origen Mapuche que veían una posibilidad de ejercer su derecho a la educación dentro de un contexto que reconociera sus necesidades, su cultura y su identidad.
Alex Lemun y Camilo Catrillanca fueron parte de los estudiantes de este liceo, así como muchos adolescentes que hoy son víctimas procesos de criminalización, ahora en adultez. La mayoría de los casos porque destacaban como líderes, dirigentes y activos defensores de los derechos del pueblo Mapuche. Muchas son las historias que se relatan en sus tiempos de funcionamiento, el cuidado que se le daba a su infraestructura, las actividades que se realizaban dentro de ellas y la organización de los y las estudiantes para así asegurar el derecho a tener una educación que respetara sus orígenes, cultura, lengua y espiritualidad.
Sin embargo este espacio, que aseguraba educación para la adolescencia mapuche perteneciente a los territorios militarizados de Walllmapu, fue cerrado y en el año 2016 convertido -en su totalidad- en el centro de operaciones policiales más grande en el territorio. Sin duda la militarización y la represión prevalecieron ante el acceso a la educación de un centenar de adolescentes pertenecientes a las comunidades mapuche.
En el año 2015 la escuela rural Lonko Mahuida, ubicada en la comuna de Collipulli, fue incendiada dejando a más de 70 niños y niñas sin acceso a la educación. El hecho se dio en un contexto de recuperación territorial y la guerra que ha levantado el Estado de Chile y los empresarios, con la finalidad de justificar los ataques policiales y el aumento de personal policial fuertemente armado en la llamada “Zona de Conflicto”.
Los primeros relatos por parte de las autoridades de turno y los medios de prensa dijeron que se trataba de un atentado de carácter terrorista que afectaría a la infraestructura educativa presente dentro de las comunidades mapuche, versión que las comunidades de Bajo Malleco desmintieron con un comunicado público en el que se denunció los hechos reiterativos de violencia y amenazas de los que son víctimas principalmente la niñez y la adolescencia mapuche.
En junio del año 2017 Fuerzas Especiales de Carabineros atacó con bombas lacrimógenas la escuela G-816 ubicada en la comunidad de Temucuicui, comuna de Ercilla. En el interior se encontraban en horario de clases niños, niñas y personal de educación del establecimiento. El ataque fue tan violento que todos tuvieron que ser trasladados al servicio de urgencia de salud, producto de las intoxicaciones provocadas por los gases lacrimógenos lanzados dentro de las salas de clases, además del pánico colectivo que provoco el ataque con armas y carros policiales .
Es así también como se han realizado denuncias de ataques a los furgones escolares que trasladan a los niños y niñas de las comunidades, en los que las policías han propiciado golpes, amenazas e incluso interrogatorios tan violentos física y psicológicamente, que han sido denunciados internacionalmente. Por estos actos, en conjunto con otras violaciones a sus derechos, el Estado de Chile ha recibido recomendaciones que solicitan cambios en el accionar de las policías, sus protocolos frente a la niñez y a la reparación de los daños causados no tan solo a los niños y niñas, sino más bien a sus comunidades en conjunto.
El uso de tecnología para la inteligencia policial también ha sido utilizada dentro de las escuelas, los drones hacen ingreso al sector de los patios de los colegios para infundir el miedo entre los estudiantes, luego las policías hacen ingreso a las escuelas para detener a niños, niñas y adolescentes que se encuentran dentro de sus salas de clases hacen controles de identidad, detenciones ilegales e incluso los llevan a sectores desconocidos sin dar aviso a sus familiares, para luego ser liberados en medio de golpizas e insultos de carácter principalmente racista.
Estas desigualdades y vulneraciones, hoy en contexto de pandemia mundial, se incrementan aún más, pero esta vez no es la fuerza policial la que ejecuta la vulneración, sino más bien es el sistema y la toma de decisiones que se alejan de la realidad de los niños y niñas de los sectores rurales, una mirada centralizada de la educación que levanta iniciativas educativas en las que no se contemplan la realidad y contexto territorial, económico y social de los y las estudiantes. Una educación en línea segregadora, que está lejos de hacer valer el derecho a la educación.
Ante lo expuesto, terminaré concluyendo que la niñez y adolescencia Mapuche no solo es víctima de un tipo de violencia en especial, sino más bien de un conjunto de vulneraciones en la cual el estado de Chile es el responsable directo al no asumir su rol como garante de derechos a niños, niñas y adolescentes. Recurre al abandono y la invisibilizacion de las violencias, normalizando actos que se han comprobado como violaciones a los derechos humanos de la niñez y sobre todo no permitiendo el acceso a sus derechos fundamentales, limitando y excluyéndolos de forma constante, por nacer pobres, rurales e “indios”.
