El 15 de junio se inició la discusión en particular del proyecto de Ley de Matrimonio igualitario dado la suma urgencia asignada por el Ejecutivo. Una decisión política que viene de un presidente que le declaró la guerra al pueblo tras la revuelta social que comenzó el 18 de octubre, que es responsable por las violaciones de derechos humanos, como los traumas oculares, violencia política sexual y encarcelamiento de manifestantes. Y la población LGBTQI+ tiene un pensamiento crítico, consciencia de clase y también fue parte y víctima durante este contexto histórico.
Las y les lesbotransfeministas, feministas y activistas trans de distintas colectivas, agrupaciones y organizaciones estamos vigilantes ante esta tramitación, dado que ya en su discusión en particular se retiraron indicaciones relevantes a los derechos de filiación y de la identidad de género de las personas trans para llevar a cabo una estrategia legislativa riesgosa que busca tramitar lo más rápido posible el Proyecto de Ley y que se repondrán dichas indicaciones en la cámara. Tampoco se ha incluido la derogación del divorcio forzoso de las personas transgénero, a pesar de contar con la Ley de Identidad de Género. Sí bien se podrán reponer, nadie puede garantizar que se aprueben.
En el caso de no ser aprobadas dejaría sin filiación a los hijos e hijas de familias ensambladas, de parejas no casadas, de madres separadas y de hijos cuyas madres gestantes hayan fallecido. A la vez, si no se incluye la derogación del divorcio forzoso, esto obligaría a parejas que estén casadas a divorciarse para llevar a cabo su transición, vulnerando su derecho a permanecer casados en base a su identidad de género. Hubiera sido mejor que estas indicaciones hubieran sido parte del texto y que no quedará en manos de la voluntad política de las diputadas y diputados con indicaciones, que si bien se podrán reponer, no se puede asegurar que quedarán en el texto final del Proyecto de Ley.
Nadie puede garantizar esto.
Vimos cómo el Proyecto de Ley sobre Educación Sexual Inclusiva no se aprobó, cómo durante la discusión del Acuerdo Unión Civil se negoció que se avanzaría más rápido, sin hijos y se aprobó sin filiación y como la Ley de Identidad de Género dejó a las personas menores de 14 años fuera de dicha legislación. Nadie puede tampoco asegurar éxito cuando se trata de la discusión sobre los derechos humanos de la población LGBTQI+ y de las familias diversas.
Ahora más que nunca se hace necesario poner en tabla lo antes posible el Proyecto de Ley de Filiación que se encuentra en la Comisión de Infancia desde abril 2016 y hacerse cargo de los hijos de familias diversas de una vez por todas sin ningún tipo de discriminación.
En este momento el futuro de nuestros hijos e hijas es incierto. En plena pandemia no cuentan con protección legal y esta vulneración seguirá forzando a las familias a entrar en procesos judiciales para lograr el reconocimiento de sus derechos. Chile, en pleno 2021, ha sido incapaz de hacerlo. Necesitamos también que tras el nacimiento de ese niño o niña puedan ser criados y criadas por personas de familias diversas, que se les reconozca su filiación, tal como se les reconoce a las familias heteroparentales, independiente del estado civil de sus madres o padres. Terminaría la discriminación con que el Estado chileno somete a hijos e hijas de familias lesbomarentales, transparentales y homoparentales.
Sin la reposición y aprobación de estas indicaciones retiradas este Proyecto de Ley no podrá adjudicarse el título de “igualitario”. Basta de legislar “En la medida de lo posible”, es hora ya que en Chile se erradique todas las formas de discriminación sobre las base de los derechos humanos de todas las personas.
